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Setenta y seis años después de la muerte de Txomin Letamendi Murua, su historia llegará de nuevo a los tribunales. El próximo 6 de octubre, Donostia acogerá un procedimiento de jurisdicción voluntaria promovido por el Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia), con el acuerdo de la familia, para que la Justicia certifique las vulneraciones de derechos humanos que sufrió el militante de EAJ-PNV durante la dictadura franquista.
Txomin Letamendi falleció en Madrid el 20 de diciembre de 1950 como consecuencia de las graves torturas físicas y mentales infligidas por los agentes de la represión franquista. En reconocimiento a su trayectoria y sufrimiento, el Gobierno Vasco, a través de Gogora, emitió el pasado 22 de octubre un reconocimiento personalizado de carácter institucional destinado a la rehabilitación de su honor y a su justa satisfacción moral.
Este reconocimiento se realizó a petición de la familia y en aplicación de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que regula este derecho.
Según incide el Observatorio, la pretensión es que ahora sea un juzgado quien ratifique su condición de víctima y certifique judicialmente las circunstancias que rodearon su muerte.
Músico, gudari y resistente antifranquista
El Gobierno Vasco ha destacado en sus actos de memoria la dimensión personal y política de Letamendi. Uno de los más recientes fue el celebrado el pasado 22 de diciembre en Bilbao, al que asistió el lehendakari Imanol Pradales. El Ejecutivo vasco presentó entonces su trayectoria como la de un músico, trompetista, comandante de gudaris y resistente antifranquista, y situó su fallecimiento en el contexto de la represión ejercida durante la dictadura.
Precisamente su actividad contra el régimen franquista, agrega GEBehatokia, le llevó a sufrir torturas en Donostia y Barcelona, antes de ser sometido a un consejo de guerra. Según el Observatorio, fue condenado a cinco años de prisión por conspiración para la insurrección y su posterior estancia en la cárcel de Guadalajara estuvo marcada por un progresivo deterioro físico y psíquico. Es precisamente esa secuencia —detención, interrogatorios, torturas, encarcelamiento y muerte— la que GEBehatokia pretende que quede acreditada judicialmente.
Aunque las instituciones vascas han reconocido a Letamendi como víctima de la represión franquista, el procedimiento del 6 de octubre persigue un objetivo diferente: que un juez determine formalmente los hechos que rodearon su muerte y deje constancia judicial de las vulneraciones denunciadas. Así lo explica expresamente GEBehatokia en el comunicado en el que anuncia el proceso, que llega, según la organización, después de que los responsables identificados en la investigación penal hayan fallecido.
La organización vincula el caso de Letamendi con su reclamación de que los tribunales investiguen las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la etapa franquista. En esta línea, GEBehatokia apunta que de las 155 querellas presentadas en el Estado español por estos hechos solo siete han sido admitidas a trámite.