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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ve cómo se le van cerrando las salidas en el callejón en el que se ha metido al intentar dar esquinazo a una oposición que le pide explicaciones insistentemente por la compra de un ático de lujo en Chamberí. Las fuerzas progresistas de la Asamblea autonómica no se tragaron la función de “oficina temporal” que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso le asignó cuando El País destapó la operación y veían en ella un intento de “ponerse un piso gratis” por parte de la presidenta. Así mismo, entendieron como una forma de escurrir el bulto la decisión de ponerlo en venta inmediatamente para destinar directamente los ingresos a la reconstrucción de la Sierra Oeste madrileña, arrasada por los incendios de las últimas semanas. Y es que esta fórmula tampoco es válida, como apuntaba este jueves la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, tildándola de “ilegal”. El motivo es que para poder utilizar el dinero de la venta del ático para cualquier fin, hay que esperar a que Planifica Madrid, la empresa dependiente de la Consejería de Presidencia que ejecutó la adquisición del inmueble, cierre las cuentas del actual ejercicio 2026 con un balance positivo que le permita realizar un reparto de dividendos.
El pasado domingo, la propia Díaz Ayuso confirmaba la venta del polémico ático de 485 metros cuadrados en Chamberí -adquirido en abril por 6,3 millones de euros, según informaciones posteriores- y de otros cuatro inmuebles ubicados en Gran Vía con el objetivo de recaudar una suma que oscilaría entre los 20 y los 22 millones para “reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste”. Y este mismo miércoles, tras un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por los fuegos, insistía en la necesidad de “aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta”.
Lo que no explicaba Ayuso en estas comparecencias era que esa inyección económica directa e inmediata no era posible por una cuestión legal. En primer lugar, transcurrirían meses hasta poder ejecutarla, ya que Planifica Madrid, la compañía encargada de la gestión del suelo público y de las operaciones inmobiliarias de la comunidad, no podría transferir fondos propios al gobierno autonómico hasta cerrar el balance del ejercicio 2026. Y en segundo lugar, este debería arrojar beneficios para poder recurrir al reparto de dividendos como vía de financiación de las ayudas que plantea el Ejecutivo madrileño. Todo ello, lógicamente, bajo la condición indispensable de que la venta de los inmuebles de los que se derivarían esos cerca de 22 millones de ingresos se materialice de aquí a final de 2026. Por consiguiente, los fondos previstos para ayudar en la reconstrucción de la Sierra Oeste no estarían disponibles antes del 2027 en ningún caso.
De “absolutamente estrambótica” calificaba la compra y venta del ático de Chamberí la ministra Mónica García. En la línea de lo manifestado el miércoles por su compañera de Más Madrid Marta Carmona, denunciando en la Asamblea autonómica que “la intención de que Ayuso lo utilizara como residencia privada es un desfalco en toda regla”, la titular de Sanidad acusó a la presidenta de vivir en un “magma de impunidad” y de no haber venido a hacer política, sino a “hacer negocios particulares” para mantener "un tren de vida absolutamente inasumible para cualquier cargo público de este país".
En una entrevista en RNE, García incidía en que la posibilidad de destinar a los afectados por los incendios el dinero obtenido con la venta del ático y de otros inmuebles públicos “es ilegal” y la situaba en el intento desesperado de Ayuso por “salir del atolladero”. En este sentido, ha ironizado sobre cómo la presidenta descargó toda la responsabilidad de la controvertida operación inmobiliaria en la Consejería de Presidencia que encabeza Miguel Ángel García, diciendo: “No solo está vendiendo el ático, está vendiendo también a su consejero”.
También el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, afeaba a Díaz Ayuso que escurra el “bulto” de la polémica compra y se lo endose al número 2 de su Gobierno, lo que demuestra su “catadura moral”. Por ello, tras una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio, pedía la dimisión de la presidenta madrileña ante una situación "tremendamente grave" en la que usa el "dolor" para "tapar" la "degradación democrática" de la comunidad, en referencia al que el Ejecutivo autonómico anunció solo un día después de conocerse la compra del ático que lo vendería y que el dinero lo destinaría a la reconstrucción de la Sierra Oeste.
Frente a ello, el aludido consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, daba réplica a las críticas por una operación que "la izquierda y la otra izquierda" están usando en defensa de Pedro Sánchez para "tapar sus vergüenzas" y su "incompetencia" tras la "invasión" de Ceuta. "Ese inmueble se compró para ponerlo al servicio de la Comunidad de Madrid y las necesidades que pudiera tener, pero estamos en otro contexto y la prioridad ahora es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid y por eso se decide que se puedan emplear esos recursos y que se puedan sumar a las medidas de reconstrucción de la Sierra Oeste", ha afirmado García. Así mismo, incidió en que el ático de Chamberí no iba a ser una residencia oficial para la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que "la mitad de los ministros de este país y muchos presidentes autonómicos, incluso el presidente del Gobierno" sí la tienen.