Euskadi profundiza en la protección a los menores víctimas de abusos sexuales

No era una opción. Era una obligación jurídica y moral que Ararteko, agentes sociales y administraciones tenían sobre la mesa desde hace años y que ha quedado solventada. La respuesta que ofrecían los sistemas públicos (educativo, social, sanitario, policial, judicial,...) ante víctimas de abuso sexual menores de edad era mejorable a todas luces.

No porque fuera incompleta; más bien porque no enfocaba el proceso desde una perspectiva integral. Una situación que muchas veces implicaba la revictimización, no contemplaba la atención especializada o, simplemente, no garantizaba la protección del menor de edad.

Unas circunstancias que esperan ser corregidas con el protocolo consensuado por la institución del Ararteko y las aportaciones de voces expertas en un asunto muchas veces silenciado e invisibilizado en sus distintas fases y para el que es necesario disponer de mayores recursos de detección y acompañamiento, como ha indicado el propio Manu Lezertua.

Las pautas de actuación en caso de abuso y explotación de niños y adolescentes en Euskadi son claras y, lo más importante, unifican criterios con un objetivo común: la protección del menor. Y es que, como ha subrayado Pili Kaltzada (vicepresidenta de Save The Children) en la antesala de la presentación de este documento técnico, "son menores de edad, pero sus derechos no son menores".

Una niña planta sus manos sobre un mural en señal de protesta por la violencia hacia menores de edad.

Se trata, como han resumido desde la institución del Ararteko, de una recomendación general para aplicar de forma coordinada entre las diferentes administraciones públicas y agentes sociales implicados y con responsabilidades; desde la detección hasta la restauración del impacto emocional padecido.

En definitiva, compartir datos y orientaciones a la hora de abordar este tipo de delitos. "No se trata de sustituir a lo que se hacía, si no de complementar en el tránsito y no malograr la tarea de otros agentes", ha apostillado Lezertua.

Para ello será necesario mejorar la formación de docentes, sanitarios, policías, agentes sociales y judiciales. Y buscar la especialización en todos los filtros para que la intervención sea integral y eficaz. Personal de Gobierno vasco, las diputaciones forales, Eudel, Fiscalía,... han tomado parte en la elaboración del documento.

Una hoja de ruta que quiere paliar uno de los déficits señalados por todas las personas y organizaciones especializadas en este ámbito: la respuesta fragmentada e inconexa de los distintos sistemas públicos por los que atraviesa un caso de esta gravedad.

Esa ausencia de criterios compartidos e itinerarios de tránsito claros y ordenados en la respuesta a esos delitos de violencia sexual conlleva en la mayoría de las ocasiones la revictimización de los menores de edad. Una circunstancia habitual con el actual modus operandi reiteración de testimonios, compartir espacio con el presunto agresor, lentitud en la tramitación, diligencias repetitivas dependencia,...)

Todo eso desaparecerá gracias a esta bateria de pautas de actuaciones y orientaciones compartidas y asumidas por todas las instancias públicas implicadas. Esta combinación de estrategias permitirán avanzar hacia un nuevo marco de protección. "Ninguna parte es autosuficiente. Todas aportan", ha expresado por su parte Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante la presentación de este documento.

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En resumen, la institución del Ararteko recomienda a las administraciones públicas a que pongan en marcha todas las acciones y reformas necesarias para que cada modelo de actuación y procedimental se adecúe e integre las medidas contempladas en ella.

Del mismo modo, se aconseja promover la formación y especialización desde un enfoque de Derechos Humanos, de infancia y de género. También, que se realicen el seguimiento y la evaluación de las medidas desarrolladas, incorporando los elementos de corrección y mejora.

Además, Ararteko insta al sistema de Servicios Sociales a que articule los servicios necesarios para garantizar el acceso universalizado al tratamiento público a todas las víctimas de abuso sexual, "independientemente de cualquier valoración respecto a la capacidad protectora de su familia".