Tras una larga lucha legislativa que culminó en 2022, se aprobó el fondo de compensación del amianto en el Congreso de los Diputados pero el reglamento final excluye a las familias de los fallecidos y a quienes padecen enfermedades ambientales, provocando que solo una cuarta parte de las solicitudes presentadas hayan sido aceptadas hasta la fecha.

Es la denuncia que ha realizado en Las Mañanas de Onda Vasca, Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi (ASVIAMIE), que ha criticado con dureza la gestión del Gobierno español señalando que el Real Decreto aprobado en 2025 no cumple con el espíritu de la ley original al ser excesivamente "restrictivo" y amparar únicamente a víctimas vivas con enfermedad profesional reconocida.

El 60% ha fallecido

Esta situación ha derivado en que, de una partida anual de 25 millones de euros, apenas se hayan ejecutado 5,7 millones, mientras cientos de expedientes quedan archivados por el fallecimiento del solicitante. Según explica el portavoz, esta realidad es especialmente dolorosa porque "el tiempo juega en contra de las víctimas", estimándose que el 60% de los afectados en todo el Estado ya han fallecido sin llegar a ver reconocido su derecho a una reparación.

La asociación también pone el foco en la desigualdad territorial y fiscal que sufren los damnificados. Mientras que en Euskadi se han reconocido 42 de las 97 indemnizaciones totales gracias a la celeridad de su comisión de evaluación, en Cataluña -epicentro histórico de la problemática por la presencia de Uralita- todavía no se ha resarcido a ninguna víctima. García denuncia además una "discriminación" fiscal, ya que, a diferencia de las víctimas del terrorismo o de otros accidentes colectivos, los afectados por el amianto fuera de Euskadi y Navarra no gozan de exenciones en el IRPF.

El amianto sigue presente 

Para el portavoz, acceder a este fondo supondría para las familias el "reconocimiento de que ese familiar injustamente ha fallecido mucho antes de lo que debería haber sido por culpa del Estado" por no haber prohibido antes un material cuya peligrosidad era conocida.

Finalmente, ASVIAMIE advierte que la exposición al amianto no es un problema del pasado, ya que el material sigue presente en infraestructuras y edificios públicos. García subraya que si no se cumplen los plazos europeos de retirada para 2028 y 2032, las futuras generaciones seguirán expuestas a enfermedades como el mesotelioma o la asbestosis. El portavoz insiste en que la solución depende exclusivamente de la "voluntad política" para modificar el reglamento actual, un trámite que el Gobierno podría realizar de forma inmediata para evitar que más personas se vayan "al otro mundo sin saber que el motivo de su fallecimiento ha sido el amianto".