El experto en seguridad César Charro se ha posicionado de manera crítica ante la propuesta de endurecer las sanciones por atentados contra la autoridad, recordando que el Código Penal ya contempla penas de hasta cuatro años de cárcel, lo cual "no es moco de pavo". Para el analista, el problema fundamental no es la falta de severidad normativa, sino una aplicación judicial que califica de "bastante laxa" y que genera una peligrosa percepción de falta de consecuencias en el ámbito público. En este sentido, Charro es tajante al afirmar que "antes que reclamar el aumento de penas, deberíamos reclamar el cumplimiento de la ley", subrayando que la sociedad está normalizando comportamientos violentos, especialmente en recintos festivos donde la expulsión de agentes o el acoso a la autoridad quedan frecuentemente impunes.

Agresiones en fiestas

El incremento de la violencia durante el verano se explica, según el experto, por una combinación de factores psicológicos, el calor y el consumo de alcohol o drogas que anulan el control de los impulsos. Charro detalla que en las fiestas populares se activa una "psicología de masas" donde personas sin relación previa se involucran en peleas multitudinarias por una búsqueda de pertenencia al rebaño y una errónea sensación de anonimato. No obstante, destaca un avance significativo en la lucha contra las agresiones sexuales gracias a la concienciación institucional: "el que antes toqueteaba a una mujer era un sobón; ahora hay una denuncia y ese señor tiene una condena". Este cambio de paradigma, que ha fomentado que las víctimas denuncien incluso los tocamientos, demuestra que la acción sostenida es más eficaz que el simple aumento punitivo.

La policía como último recurso

Finalmente, Charro advierte que la seguridad ciudadana no puede descansar únicamente sobre los hombros de los cuerpos policiales, a los que define como una medida extrema. "La policía no está para arreglar la sociedad, es el último recurso ante el delito ya producido", señala, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de padres y educadores ante la pérdida de valores y el auge de opciones totalitarias entre los jóvenes.

El experto también apunta al impacto negativo de la tecnología, lamentando que en situaciones de agresión "estamos más pendientes de grabar para tener likes que de avisar a la policía". Según su análisis, las redes sociales actúan como amplificadores de delitos y discursos de odio, lo que requiere recuperar el "sentido común" y la convivencia sana como herramientas principales de prevención