Venezuela afronta una reconstrucción de al menos 12.000 millones tras los terremotos

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Un mes después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela afronta una reconstrucción cuyo coste podría situarse entre los 12.000 y los 15.000 millones de dólares. La horquilla más baja equivale ya al 10,9% del producto interior bruto (PIB) de un país endeudado, sometido todavía a sanciones y con importantes dificultades para acceder al crédito internacional.

El economista Asdrúbal Oliveros considera que se trata de una cantidad “muy significativa” para una economía cuyo PIB ronda los 110.000 millones de dólares. Aunque determinados sectores han mejorado durante el último lustro, el país no ha recuperado todavía el tamaño perdido entre 2014 y 2021, periodo en el que su economía se contrajo un 75%.

Los seísmos han dejado cerca de 5.400 muertos, al menos 16.740 heridos y alrededor de 18.000 personas sin hogar. También han causado desperfectos en viviendas, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, industrias, carreteras, puentes, iglesias, centros comerciales y el principal aeropuerto internacional del país.

Más de 19.000 millones en daños

El Banco Mundial calcula que los movimientos sísmicos provocaron daños físicos directos por valor de 19.600 millones de dólares. La institución ha subrayado la “importancia de una reconstrucción oportuna para la recuperación económica” y ha advertido de que el proceso podría prolongarse durante más de una década si no aumenta la inversión.

Oliveros considera que Venezuela “difícilmente podrá afrontar ese esfuerzo sola”, debido a su reducido margen fiscal, la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito y su limitada capacidad de inversión pública.

La recuperación requerirá, según el economista, financiación de organismos multilaterales, cooperación exterior, movilización de activos bloqueados mediante mecanismos transparentes y una participación “muy activa” del sector privado y de la sociedad civil. “Sin esa combinación de recursos, el proceso de reconstrucción será mucho más lento y costoso”, ha advertido.

El Banco Mundial también ha alertado de que, si no llegan fondos adicionales, el país tendría que desviar recursos destinados a otros proyectos, lo que ocasionaría “efectos negativos duraderos” sobre la actividad económica. Una mayor disponibilidad financiera permitiría acelerar las obras y ofrecer transferencias a los hogares afectados para amortiguar la pérdida de consumo.

Un país sin acceso al crédito

La organización trabaja con el Ejecutivo venezolano y con socios como el Banco Interamericano de Desarrollo para definir el apoyo técnico y económico. Venezuela acumula una deuda de aproximadamente 240.000 millones de dólares, según publicó recientemente el diario Financial Times.

El país ha accedido, además, a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que los recursos se destinarán a la recuperación de las zonas afectadas y ha reclamado el desbloqueo de los activos venezolanos depositados en el extranjero.

La vivienda concentra casi la mitad de las pérdidas

Los edificios residenciales representan el 47% de los daños calculados por el Banco Mundial, unos 9.300 millones de dólares. La mayor parte se concentra en La Guaira, región situada al norte del país y próxima a Caracas.

Un estudio de la consultora ANOVA concluye que 4.958 de las 38.798 estructuras habitacionales analizadas en siete de los once distritos de La Guaira “presentan algún nivel de daño”. De ellas, 2.654, en las que residían 37.611 personas, quedaron “gravemente comprometidas o destruidas”.

La consultora calcula que reponer únicamente la infraestructura residencial costaría 2.370,6 millones de dólares, entre el 2% y el 3% del PIB venezolano. Su economista jefe, Omar Zambrano, ha precisado que la estimación no incluye la reparación de la “infraestructura pública, vial, comercial, industrial o de servicios públicos”.

ANOVA también considera imprescindible la financiación multilateral y la cooperación internacional, dado que el país continúa “sin acceso a los mercados internacionales de capital, con una deuda externa en situación de impago y con un mercado de seguros catastróficos prácticamente inexistente”.

Mientras se concreta la financiación, el Gobierno ha iniciado un plan para reanudar obras en apartamentos inacabados, localizar terrenos donde construir nuevos desarrollos residenciales, evaluar la habitabilidad de los inmuebles dañados y continuar retirando escombros.