Tras la Ley Antipandemia, Lakua busca garantías frente a futuras emergencias

A la espera del recorrido político y judicial que se prevé que tendrá el borrador de la nueva Ley vasca de Salud Pública, los partidos políticos pueden echar mano del precedente de la Ley vasca Antipandemia aprobada el pasado junio. Dicha ley se fraguó con miras a crear una armadura jurídica para reforzar las competencias del Ejecutivo de Urkullu frente al coronavirus, para evitar reveses judiciales como los protagonizados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que de la mano del juez Luis Garrido, tiró atrás medidas adoptadas por el Gobierno como el cierre de bares en zona roja o la limitación de las reuniones.

La aprobación de la ley estaba garantizada gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE, sin embargo, desde el Ejecutivo abrieron las negociaciones con las demás bancadas con la intención de que el consenso fuese más amplio. Finalmente, la Ley vasca Antipandemia fue aprobada el pasado 24 de junio con los votos a favor de los partidos del Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU, y el rechazo de EH Bildu, PP+C's y Vox.

PNV y PSE aceptaron 62 de las 67 enmiendas propuestas desde la formación de Miren Gorrotxategi, sin embargo, no se entendieron tanto con PP+C's, de los que incluyeron 15 de sus 88 modificaciones planteadas. Desde el grupo parlamentario de Carlos Iturgaiz mantuvieron que las restricciones de derechos fundamentales solo pueden adoptarse "bajo el paraguas del estado de alarma" y que no se puede eludir "el control judicial", entre otras cuestiones. "Nuestras enmiendas subsanaban deficiencias de esta ley y se han rechazado", remarcaron. Por su parte, EH Bildu acusó a Lakua de "dar la espalda" a los sectores perjudicados por la crisis y no reforzar el sistema de salud, al rechazar por completo su paquete de 72 enmiendas.

Ley "INCONSTITUCIONAL"

Desde Vox mostraron su rechazo absoluto a la ley y anunciaron que la llevarían al Tribunal Constitucional. Según la portavoz estatal de la formación, Macarena Olona, la Ley Antipandemia supone "un auténtico estado dictatorial", ya que en su articulado "impone una vacunación obligatoria a los ciudadanos vascos, así como el sometimiento obligatorio de pruebas PCR o cribados". Todo ello con "grave consecuencia para los ciudadanos vascos que denieguen su consentimiento", añadió, porque "existe prohibición de trabajar o realizar actividades para las que se exija una prueba o vacunación".

Olona aseguró que esta nueva norma es "inconstitucional" y afirmó que con su recurso ante el TC su formación "da un paso al frente para evitar que Urkullu se convierta en un auténtico virrey en un reino de taifas que es lo que pretende hacer con Euskadi".