La huelga por la vivienda será el 11N, a las puertas de la campaña electoral

Actualizado hace 9 minutos

La urgencia social y la agitación política se han citado este otoño en un mismo callejón con difícil salida. El primero de los dos nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor mañana. Su puesta en marcha se produce bajo una presión política extrema y a la espera de una validación. Con las Cortes disueltas tras el fracaso de las anteriores medidas y la convocatoria electoral ya sobre la mesa, la Diputación Permanente del Congreso será el escenario donde se decidirá el futuro inmediato de la regulación del alquiler con la entrada en vigor del primer decreto y el rechazo del segundo. Sin embargo, la verdadera temperatura del conflicto se medirá en la calle: el próximo 11 de noviembre habrá previsiblemente una huelga general a las puertas de las elecciones generales, una movilización histórica que colocará el drama habitacional en el centro absoluto de la campaña electroal que comenzará 48 horas después.

El origen de este último volantazo legislativo se sitúa en un hecho dramático que sacudió la conciencia pública: el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años. Este suceso aceleró la maquinaria de Moncloa y forzó un acuerdo de última hora entre el PSOE y Sumar para aprobar a toda prisa dos decretos la pasada semana. Aquel intento acabó descarrilando en el Congreso, provocando el adelanto electoral por parte del presidente español, Pedro Sánchez. Lejos de congelar la iniciativa, el Ejecutivo ha vuelto a la carga justificando la extrema urgencia del problema de la vivienda para lanzar estas dos nuevas normas modificadas.

La aritmética de la Diputación Permanente ya anticipa una geometría parlamentaria más amable. El PNV ha confirmado que votará a favor del primer decreto, facilitando su convalidación, pero rechazará el segundo decreto, que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler y que, por tanto, decaerá. Los jeltzales han admitido con pragmatismo que, aunque legal, el uso de este órgano de guardia para convalidar normas de este calado "no es ortodoxo" ni "bonito", en palabras del presidente del EBB, Aitor Esteban. Este segundo decreto, impulsado con fuerza por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, tenía prevista su entrada en vigor para el 15 de noviembre, pero su destino está sellado para decaer antes de nacer. Ante las críticas por la vía utilizada, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que la soberanía popular no se extingue con la disolución de las Cámaras y que la vivienda constituye un problema de primer orden.

Lo que ya se dibuja como un escenario irreversible es que la campaña electoral estará completamente monopolizada por la crisis habitacional. La fecha del 11 de noviembre, propuesta inicialmente por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tras coordinarse con los jóvenes acampados en la Puerta del Sol, ha sido confirmada posteriormente por UGT. Los principales sindicatos se reunieron en Madrid para perfilar los últimos detalles de una convocatoria que supondrá la primera huelga general que afronta Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa, y el primer paro de este tipo en el Estado desde el año 2012.

Desde el plano político, el portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, ha destacado que el nuevo texto mejora el blindaje legal frente a los "fondos buitre" y se aproxima a sus exigencias históricas para prohibir la compra especulativa de inmuebles por parte de personas jurídicas. Asimismo, Ibáñez ha valorado que la norma obligará a los grandes portales inmobiliarios a informar de forma transparente sobre el precio oficial de referencia que establece el Ministerio frente a la renta solicitada por el propietario.

Frente a la ofensiva gubernamental y sindical, el sector inmobiliario y la patronal han reaccionado con máxima preocupación. El portal Idealista sostiene que España ha perdido 393.000 viviendas de alquiler entre 2018 y 2025, acusando una caída de oferta del 44% en siete años, con desplomes drásticos en plazas tensionadas como Barcelona (-83%) y Madrid (-58%). No obstante, la ministra Isabel Rodríguez ha negado la falta de stock, atribuyendo las dificultades de acceso a la especulación y a una menor rotación de los contratos.

Alerta de los constructores

Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) alerta de que los decretos ya están frenando proyectos destinados al arrendamiento y reclama un gran Pacto de Estado que incluya al sector privado. En una línea idéntica, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) denuncia que estas normas trasladan responsabilidades públicas a los propietarios privados y agravan el desequilibrio del mercado.

La reacción del tejido empresarial ante la huelga ha sido de rechazo absoluto. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tachado la protesta de huelga política e ilegal, acusando a los sindicatos de actuar bajo intereses electorales. Unas acusaciones que han sido contestadas con dureza por Pepe Álvarez (UGT), quien ha reivindicado el carácter "absolutamente constitucional" de la huelga. Álvarez ha insistido en que la patronal debería ser la primera interesada en resolver el problema habitacional, recordando que muchas empresas son incapaces de encontrar mano de obra debido a que los salarios actuales imposibilitan el pago de un alquiler en las zonas más tensionadas. La batalla por el relato y el control de la vivienda está servida a las puertas de las urnas.