Bolaños urge al Supremo a resolver sobre la 'Ley de nietos' para no privar de voto a 400.000 personas

Actualizado hace 7 minutos

La vivienda asoma como el tema principal de la precampaña y la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Es la bandera que pretende enarbolar Pedro Sánchez para dar la vuelta a las encuestas que predicen su salida de Moncloa en favor del bloque PP-Vox, que tratará de poner sobre la mesa temas como los casos de corrupción del PSOE o la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. A la sombra de estos temas emerge la cuestión del voto de los residentes nacionalizados en el extranjero que se mezcla y enreda con el voto por correo que desde Génova utilizan como argumento para agitar el fantasma del pucherazo electoral.

En el caso del voto de las personas registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) el calendario electoral apremia a las partes y pone el acelerador sobre la denominada Ley de nietos, ya que el voto presencial en los consulados tendría lugar entre el 21 y el 26 de noviembre. No sería suficiente con obtener una resolución judicial antes de las elecciones dell 29-N, sino que tendría que llegar con tiempo para que los afectados pudieran recibir la documentación y votar.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este miércoles de que el censo electoral se verá “alterado” si el Tribunal Supremo (TS) mantiene la medida cautelar a esa ley, por la que se ha suspendido el voto de las personas registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, de la cual se desgajó una instrucción que se conoce con la denominación Ley de nietos.

Bolaños avisa que “si la medida cautelar se mantiene para las elecciones y no pueden votar, sin duda que el censo se ha visto alterado porque se ha reducido en 400.000 personas que tenían derecho a voto y que, insisto, ya han votado en otras ocasiones”, defendió Bolaños en una entrevista de la Cadena SER.

El ministro ha puesto el foco en que el derecho a voto “solo se puede privar por sentencia firme” y en este caso ha llegado a través de un auto judicial y en una medida cautelar. Bolaños se ha mostrado “muy crítico” con la decisión del Supremo porque hay muchas personas que tienen ahora el voto vetado, pero que en las elecciones generales de 2023 o en las últimas autonómicas sí que pudieron votar.

La conversación pública sobre el voto extranjero y su afección al censo electoral se mezcla con el del voto por correo. Desde el PP, y también Vox, algunas voces, entre ellas la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se prodigan para poner en duda este sistema de votación y recomendar el voto presencial y en ningún caso el voto por correo. ante un posible fraude electoral, poniendo en solfa la legitimidad democrática de las elecciones, el resultado de las urnas y del nuevo gobierno que resulte de las elecciones. Consignas parecidas han pronunciado mandatarios políticos en otros países, el más reciente Donald Trump.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado sacudirse el tema ante los periodistas, evitando responder a la pregunta sobre la cuestión. Por primera vez hoy se ha posicionado y ha seguido con el mismo discurso de Ayuso.En un acto en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha vuelto a cuestionar la seguridad del voto por correo afirmando que confía plenamente en los carteros de Correos, “pero no en sus directivos”. Además, el presidente del Partido Popular Feijóo ha añadido que la Justicia tampoco confía en los directivos de la empresa pública porque varios de ellos están siendo investigados. Feijóo ha asegurado que su partido pedirá a la Junta Electoral central “garantías adicionales” sobre el voto por correo.