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El juez de instrucción ha decretado libertad provisional bajo supervisión judicial y con medidas cautelares para los dos monitores del centro de ocio Mouriscot de Biarritz, detenidos el pasado martes bajo la acusación de agredir sexualmente a menores. A pesar de que la Fiscalía de Baiona había solicitado formalmente su ingreso en prisión preventiva, el Ministerio Fiscal ha confirmado que no presentará recurso contra la decisión del magistrado.
Por el momento, la justicia imputa cargos diferenciados a cada uno de los investigados: al primero, un presunto delito de agresión sexual, y al segundo, un delito de corrupción de menores de 15 años.
Mientras avanza la instrucción, el juez ha impuesto a ambos imputados medidas cautelares como prohibición absoluta de contactar con los menores del centro de ocio Mouriscot y con sus progenitores o la obligación de permanecer en el territorio del departamento de Pirineos Atlánticos.
La magnitud del caso ha provocado una profunda conmoción en Biarritz. Familiares de los alumnos del centro de ocio se concentraron ayer frente al ayuntamiento de la localidad para exigir explicaciones urgentes sobre el control del personal del centro. Las familias van más allá y denuncian públicamente que el Ayuntamiento desoyó las primeras alertas trasladadas en diciembre, una circunstancia que consideran clave para esclarecer la gestión del caso y depurar responsabilidades políticas o administrativas.
Por su parte, el consistorio ha apartado de sus funciones de forma cautelar a los dos implicados y ha anunciado su intención de personarse como parte civil en la causa, además de activar un servicio de apoyo psicológico para los afectados.
La investigación policial, asumida por la comisaría de Biarritz, se activó tras la denuncia presentada por los padres de un menor de tres años y medio, quien relató de forma espontánea haber sufrido agresiones en las instalaciones municipales. Hasta el momento hay 12 víctimas identificadas: De los 16 niños y niñas de entre 3 y 4 años implicados en las pesquisas, una docena ya han sido reconocidos oficialmente como víctimas de los hechos, con cuatro denuncias formales interpuestas por las familias, aunque la Fiscalía no descarta que el número de afectados sea mayor.
Los hechos investigados habrían tenido lugar en las instalaciones sin alojamiento del centro Mouriscot entre el 1 de julio de 2025 y el 16 de julio de este año. Los acusados son un joven de 21 años (empleado eventual contratado para la temporada de 2025) y un monitor de plaza fija de 36 años (con dos años de antigüedad en la plantilla). Ninguno de los dos contaba con antecedentes judiciales. Ambos fueron arrestados el pasado 21 de julio en sus domicilios y, según fuentes judiciales, han negado tajantemente las acusaciones.