La causa por delito ambiental en Zaldibar “depurará responsabilidades”

Vitoria – La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y Zaldibar Argitu, que conforman la acusación popular por un delito medioambiental en el derrumbe del vertedero de Zaldibar en el que murieron dos trabajadores, han reaccionado al anuncio del pacto de los responsables de la empresa con la fiscalía y las familias de las víctimas asegurando que "depurarán todas las responsabilidades, también las políticas".

Según el pacto alcanzado entre los tres responsables de la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero, la fiscalía y las familias de los fallecidos, los acusados indemnizarán a las familias y asumen una condena de seis meses de prisión, con lo cual evitarán la cárcel. El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el juzgado del caso en una sentencia de conformidad, zanjaría la causa por la que José Ignacio Barinaga, Arrate Bilbao y Juan Elosegui están acusados de la comisión de dos homicidios por imprudencia grave y de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, todavía hay otro procedimiento judicial abierto por delito medioambiental.

Las plataformas Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y Zaldibar Argitu, constituidas por sindicatos y movimientos sociales, que son acusación popular en esta segunda causa aseguraron ayer que en este procedimiento "se aclarará lo ocurrido en Zaldibar".

Tras asegurar que "respetan y entienden" la decisión de pactar de las familias, ambas plataformas recordaron ayer que también se presentaron como acusación popular en el proceso por homicidio por imprudencia grave y delito contra la seguridad de los trabajadores y no los aceptaron, lo que consideran "sospechoso" de querer evitar su presencia en la negociación del acuerdo.

"En apenas un mes se ha cerrado un caso en los juzgados, estaba todo bien organizado para hacerlo rápido y, además, durante las vacaciones. Esta suele ser una artimaña muy utilizada por el Gobierno Vasco cuando no le interesa hacer mucho ruido", afirmaron.

En opinión del parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, el acuerdo de los responsables de Verter Recycling con la fiscalía y las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán "no puede servir para esconder la responsabilidad del Gobierno Vasco en el desastre de Zaldibar". Añadió que los delitos que ahora reconoce la empresa "fueron posibles porque los controles de la Administración en el vertedero fallaron estrepitosamente, y eso requiere la depuración de las correspondientes responsabilidades políticas".

Por su parte, Podemos Ahal Dugu señaló ayer a través de un comunicado que "respeta" el acuerdo alcanzado por las familias Sololuze y Beltrán con los responsables de la empresa pero exigió que se depuren las responsabilidades políticas por el derrumbe del vertedero.

"El acuerdo alcanzado supone la aceptación de la comisión de un delito y eso tiene su valor. Las familias, principales afectadas por las muertes de los trabajadores, lo han decidido así y solo podemos respetar su decisión", señaló Podemos Ahal Dugu.

"El que ha sido uno de los mayores desastres ecológicos y medioambientales de la historia del País Vasco tiene mucho que ver con una apuesta por el modelo de privatización de gestión de los residuos que rebaja el control público y la inspección, y prima los beneficios privados por encima del bien comunitario", por lo que Podemos reclama "un cambio radical en el modelo de gestión de residuos que han promovido el PNV y el PSOE en las últimas décadas".