Actualizado hace 1 hora
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado este lunes la incorporación de la documentación relativa a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate a la pieza separada del 'caso Koldo'. Esta decisión judicial, motivada por un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pone bajo el foco del Juzgado Central de Instrucción número 2 la licitación de 62,8 millones de euros realizada por el Gobierno de Navarra. La resolución ha desatado una tormenta política inmediata en la Comunidad Foral, donde las principales fuerzas de la oposición han reaccionado exigiendo de forma unánime la dimisión de la presidenta María Chivite, al considerar que la investigación judicial confirma las sospechas de irregularidades que llevaban meses denunciando.
Chivite cesa al director de Obras Públicas por el sobrecoste de los Túneles de Belate
La UCO pone el foco en el contrato de 62,8 millones
La intervención de la Audiencia Nacional se produce tras los indicios hallados por la Guardia Civil, que ha informado al juez sobre la necesidad de ampliar la investigación en torno a este contrato de obra pública, el de mayor cuantía económica gestionado por el actual Ejecutivo navarro. La licitación fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar.
El presidente de la mesa de contratación de Belate niega haber recibido instrucciones para la adjudicación de la obra
Precisamente, la presencia de Servinabar en esta terna es uno de los puntos clave, debido a los vínculos de esta mercantil con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La UCO ha recordado que ya existen informes previos donde se reflejaban indicios que remontarían la gestión de esta licitación al año 2019, vinculándola con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Fomento. En la actualidad, el magistrado Moreno queda a la espera de que la policía judicial complete un informe exhaustivo sobre la ampliación de esta licitación para decidir los próximos pasos procesales.
UPN y PPN exigen la dimisión de Chivite
La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha sido tajante al afirmar que la entrada de la Audiencia Nacional en este asunto confirma que "la verdad acaba abriéndose paso".
Según Ibarrola, este paso judicial ratifica las alertas y denuncias que su formación venía realizando desde hace meses, incluyendo la denuncia presentada ante la Guardia Civil de Navarra en septiembre de 2024 por posibles irregularidades. Para la líder regionalista, el Ejecutivo foral se ha dedicado a "negar la evidencia" y ahora Navarra merece que se asuman responsabilidades políticas que deben empezar con la dimisión de Chivite.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, quien sostiene que la presidenta ha perdido toda legitimidad para seguir en el cargo. García subraya que la investigación ya no es algo externo, sino que se sitúa "dentro de una de las decisiones más importantes" adoptadas por el Ejecutivo navarro. Para el líder popular, la resolución judicial de la Audiencia Nacional desmonta por completo el relato que la presidenta ha mantenido durante el último año, por lo que la responsabilidad política ya no es objeto de discusión.
El Gobierno de Navarra estudia personarse como acusación
Ante la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno de Navarra ha reaccionado anunciando que estudiará solicitar su personación en la causa si se llega a demostrar la existencia de un daño patrimonial para la Hacienda foral. Fuentes del Ejecutivo han reiterado su "máximo respeto" a las diligencias judiciales y han recordado que ya han colaborado activamente aportando información desde la Hacienda Foral.
Servinabar sale de la UTE que construye Belate
La propia presidenta María Chivite ha defendido la limpieza del proceso, asegurando que la adjudicación fue resuelta por una mesa de contratación técnica que actuó de forma "absolutamente autónoma". El Ejecutivo sostiene que el procedimiento contó con un reparo "no suspensivo" de la Intervención Delegada y el aval posterior de la Intervención General, que consideró la deliberación como "adecuada". Además, desde el Palacio de Navarra se han escudado en que la Cámara de Comptos no apreció responsabilidad contable y que la comisión de investigación parlamentaria descartó la existencia de presiones políticas. No obstante, tras el levantamiento del secreto de sumario, Chivite ha encargado una triple auditoría para intentar disipar cualquier sombra de duda sobre el proyecto.
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