El TSJC enmienda el pacto de la mesa de diálogo al llevar al TC la ley sobre el catalán

Tan solo 24 horas después del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo entre Moncloa y la Generalitat, por el que se blindaba la lengua catalana y se apostaba por desjudicializar el procés, dicho pacto por escrito sufrió el impacto de un torpedo en su misma línea de flotación. Un único y certero disparo que alcanzó a esos dos puntos al afectar a la nueva normativa catalana sobre lenguas en la escuela, que volverá a sufrir un periplo por los tribunales de justicia, esta vez en el Tribunal Constitucional.

Fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el que ayer jueves planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la nueva ley catalana de uso de las lenguas en las escuelas, al considerar que trata de dar “preferencia” al catalán y de “excluir” al castellano como lengua vehicular. Este decreto ley fue aprobado por el Govern después de la sentencia que obligaba a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano, y el TSJC reprocha tanto a la Generalitat como al Parlament su voluntad de “bloquear” su aplicación con esta ley.

El alto tribunal considera que el nuevo modelo lingüístico de Catalunya vulnera el Estatut y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación. El pasado 4 de julio, el TSJC ya acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, dada la “imposibilidad legal” de hacerlo después de la aprobación de la nueva legislación sobre usos lingüísticos en las escuelas, y pidió a las partes que se pronunciaran sobre si debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han informado a favor de plantear esa cuestión de inconstitucionalidad y también lo ha hecho la Generalitat, que cree que si el tribunal tiene dudas sobre la nueva normativa, debe elevarla al Constitucional para que, de esa forma, el Govern pueda defenderla ante esa instancia judicial.

Exclusión

En su auto, la sala del TSJC reprocha a la Generalitat que haya “utilizado de forma abusiva la institución de la legislación de urgencia”, haciendo un uso arbitrario de la misma, al emplear de forma “irregular” el decreto ley con la “voluntad manifiesta de apartarse del cumplimiento” de la sentencia del 25%.

Para la sala, el nuevo marco normativo adolece de inconstitucionalidad porque establece el catalán “como única lengua de uso vehicular normal”, mientras que el castellano “queda ceñido a la enseñanza de la propia lengua y literatura”, sin fijar ninguna proporción mínima de uso.

El papel que el nuevo modelo da al castellano como lengua curricular y educativa determina, para el TSJC, “su exclusión como lengua vehicular con carácter general”, lo que no resulta “compatible” con la Constitución. Afea por ello al Govern su “inequívoca” intención de “bloquear” la aplicación de la sentencia.