El adelanto electoral frena las leyes de violencia vicaria, familias y protección de menores en redes

Actualizado hace 6 minutos

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado por Pedro Sánchez, dejará sin culminar numerosas iniciativas sociales del Ejecutivo estatal. La disolución de las Cortes hará decaer los textos que siguen en tramitación parlamentaria, mientras otras propuestas todavía no habían completado su paso por el Consejo de Ministros.

Entre las normas afectadas figuran las de violencia vicaria, familias y protección de menores en los entornos digitales, además de las reformas sobre asilo y extranjería. Tampoco podrá completarse en esta legislatura la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto.

Violencia vicaria, trata y derechos LGTBI

La Ley de Violencia Vicaria, impulsada por el Ministerio de Igualdad, había superado el pasado 30 de septiembre su primer examen en el Congreso. El texto contemplaba este tipo de violencia como agravante de género, preveía la privación automática de la patria potestad a los padres condenados por maltrato y prohibía expresamente a los condenados por violencia vicaria hablar sobre el crimen durante un plazo de hasta 20 años.

También queda pendiente la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que esperaba su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. En junio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que la aprobación de la directiva europea sobre trata obligaba a reformular el texto y defendió que no quería hacer una "chapuza jurídica".

La iniciativa para castigar las prácticas de conversión LGTBI tampoco completará su recorrido. Había superado la tramitación en el Congreso y se encontraba en el Senado. A estas propuestas se suma la reforma constitucional para proteger el aborto, también en tramitación parlamentaria.

Familias y prestación por crianza

En el ámbito de Derechos Sociales, decaerá la Ley de Familias, cuya tramitación permanecía bloqueada en el Congreso. La falta de Presupuestos Generales del Estado impedirá además sacar adelante la prestación universal por crianza, una de las principales medidas defendidas por Sumar.

También queda pendiente la Ley de Servicios Sociales, impulsada por Ione Belarra en la anterior legislatura. Su sucesor al frente del ministerio, Pablo Bustinduy, asumió el compromiso de aprobarla cuando llegó al cargo, pero el texto ni siquiera había vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.

Menores, redes sociales y voto a los 16 años

El adelanto electoral frenará asimismo el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, del que el Ministerio de Juventud e Infancia es uno de los impulsores. La iniciativa se encuentra en fase de ponencia en el Congreso y tiene entre sus principales objetivos restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

Queda también pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros en mayo, contempla garantizar la escucha de los menores y el alejamiento de progenitores sobre los que pesen acusaciones de maltrato.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, había anunciado en una entrevista con Europa Press su intención de llevar al Consejo de Ministros, después del verano, una ley de familias acogedoras para favorecer la acogida y la adopción. Esa propuesta tampoco podrá culminarse en esta legislatura. En la misma situación queda la Ley de Juventud, cuyo borrador Rego aseguraba estar negociando con el PSOE. La ministra pretendía incluir en ella el derecho a votar a partir de los 16 años.

Asilo y extranjería

El final anticipado de la legislatura dejará sin aprobar la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería. Ambos anteproyectos habían pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros para adaptar la normativa al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Distinta es la situación del decreto-ley que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. Aunque decaerá su tramitación como proyecto de ley en el Congreso, seguirá vigente en los términos publicados en el BOE, porque ya había sido convalidado.

El Ejecutivo estatal estudiaba además otro decreto para acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta. La propuesta permitiría, entre otras medidas, prescindir de la participación de ACNUR en el examen de esas solicitudes.