El Gobierno vasco y Universidades pactan 150 plazas de docentes noveles en la UPV

El Ministerio de Universidades ha lanzado un aviso a navegantes. No financiará las nuevas plazas de profesorado novel que son necesarias para poder aplicar la nueva ley de universidades LOSU a las comunidades autónomas que no acompañen el esfuerzo inversor. “No sufragaremos las plazas mientras las comunidades no se hagan corresponsables, que es solo exigir el ejercicio de sus competencias, porque la alternativa sería una dejación de sus funciones y una rebelión” a la LOSU.

Así de contundente se expresó ayer miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras reunirse con las comunidades en la Conferencia General de Política Universitaria, donde les presentó el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador que prevé financiar con 150 millones de euros anuales un total de 3.400 plazas para los profesores jóvenes que trabajan en condiciones más precarias durante los seis años que estará en vigor esta modalidad de contrato (en total 900 millones).

Esta amenaza no afectará a Euskadi después de que la semana pasada el Ministerio y el Gobierno vasco alcanzasen un acuerdo bilateral por el que se crearán 150 plazas para profesorado más joven en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a partir del curso 2024-2025. Estas plazas se sumarán a la oferta anual ordinaria de la UPV/EHU y contribuirán a rebajar el número de profesores asociados y a estabilizar la plantilla.

En 2023, la temporalidad dentro del sistema universitario estatal se situaba en un 48%, aunque en algunas universidades alcanzaba hasta el 75 %. La situación en la UPV/EHU difiere bastante. Tras la resolución de los distintos procesos de selección de la última OPE de 1.148 plazas, la universidad pública vasca espera que su temporalidad se sitúe este mismo año en el 8%.

El plan del Ministerio equivale a más del doble de las plazas de la convocatoria ordinaria de las universidades públicas, aunque se queda corto frente a los 5.000 o 6.000 docentes que la Conferencia de Rectores (CRUE) estima que son necesarios para cumplir la LOSU. La propuesta del Ministerio pasaría por financiar en torno al 70% de los contratos y el resto correría a cargo de las CCAA. Las plazas comprometidas por Morant se harán efectivas este mismo año y los Gobiernos autonómicos tendrán cuatro cursos para implementar los puestos que crean necesarios.

Algunas comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, exigen que la financiación de estos puestos sea al 100% a pesar de que la competencia de Universidades está transferida a los gobiernos autonómicos. Argumentan que transcurridos los seis años de vigencia del plan, este dinero pasará a ser un gasto estructural de las comunidades. Pero el Ministerio, con el presupuesto prorrogado dada la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar siquiera las Cuentas para el ejercicio 2025, no está por la labor de ceder a la presión.

No obstante, para facilitar el cumplimiento de las disposiciones de naturaleza laboral de la LOSU, el Gobierno va a alargar el calendario de aplicación hasta junio de 2028. Este programa de incorporación de talento entrará ahora en una fase de definición de “los flecos” que aún quedan pendientes con las comunidades. La ministra, que ha dado de plazo hasta finales de este mes de abril para cerrar los detalles de la negociación, dijo confiar en que tanto el Gobierno como las comunidades estarán a la altura.

“Entendemos que en los próximos días seremos capaces de resolver las dudas de las comunidades para ayudar a resolver el problema de la temporalidad y precariedad. Algunas han expresado claramente que sí que entran, otras han dicho que lo hablarán en el seno de sus gobiernos, pero me atrevería a decir que ninguna ha cerrado la puerta”, afirmó Morant. Asimismo, la ministra reclamó corresponsabilidad por parte de las comunidades con este plan ya que “la Universidad no puede ser una isla de precariedad porque no es justo ni se lo merecen (los docentes e investigadores)”.

Estabilizar las plantillas

La LOSU pretende estabilizar la carrera del profesor a edades más tempranas. Hoy la media ronda los 42 años en el caso de los ayudantes doctores y los 57 si son titulares. También busca eliminar las bolsas de precariedad evitando el uso fraudulento de la figura del profesor asociado (profesionales externos que imparten sus conocimientos en la universidad). Y en última instancia la nueva ley pretende acabar con la alta temporalidad y alcanzar una inversión del 1% del PIB en 2030 para el sistema universitario. El profesorado ayudante es un colectivo numeroso en la plantilla de las universidades públicas, actualmente la UPV/EHU tiene 825 plazas de personal ayudante doctor. Se trata del profesorado que mayoritariamente se integra para renovar la plantilla de la universidad, y que dispone de un tiempo límite para su estabilización de un máximo de seis años. Para facilitar este proceso, la LOSU recoge una reducción de un tercio de su capacidad docente durante un máximo de seis años. Esta reducción requiere la contratación adicional de más profesorado, que en el caso de la UPV/EHU se estima en 150 nuevos contratos. No obstante, el número exacto se fijará en un próximo encuentro con la ministra, en el que el Gobierno vasco volverá a pedir que Euskadi lleve a cabo directamente la contratación del personal docente sustituto, con el objetivo de reducir la contratación a tiempo parcial y mejorar sus condiciones laborales.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ya trasladó la semana pasada a Morant en Madrid que es necesario garantizar que la Universidad del País Vasco pueda contar con una “flexibilización normativa” que responda a sus necesidades, sin perjudicar al profesorado sustituto y a la continuidad de la labor docente universitaria ante situaciones que requieran una sustitución no previsible de antemano.