El Caso Xenpelar sigue generando consecuencias políticas en Errenteria. EAJ-PNV ha anunciado que trasladará el asunto tanto al Ararteko como a la Fiscalía para que investiguen si se cumplieron correctamente las obligaciones legales relacionadas con la protección de menores y si los protocolos existentes fueron activados de forma adecuada.
La formación jeltzale considera que las informaciones conocidas durante los últimos días son de "extrema gravedad" y ha reclamado responsabilidades políticas directas a la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, por la gestión realizada desde el Ayuntamiento.
Investigación sobre la protección de menores
Según explica EAJ-PNV, el objetivo de acudir al Ararteko y al Ministerio Fiscal es aclarar si todas las instituciones implicadas actuaron con la diligencia exigible, si las medidas adoptadas fueron suficientes y si existieron decisiones u omisiones que pudieron favorecer situaciones de riesgo.
Los jeltzales insisten en que la prioridad absoluta debe ser la protección de las víctimas y, especialmente, de los menores, al tiempo que muestran su solidaridad con las personas afectadas y reconocen el papel de las familias y del movimiento feminista para sacar a la luz los hechos denunciados.
Críticas a la respuesta municipal
La formación sostiene que la respuesta ofrecida hasta ahora por el Gobierno municipal de EH Bildu ha sido insuficiente y asegura que la ciudadanía esperaba mayor transparencia y capacidad para asumir responsabilidades.
En este sentido, reclama conocer qué información manejaba el Ayuntamiento, cuándo tuvo conocimiento de los hechos y qué medidas adoptó para garantizar la protección de las posibles víctimas.
EAJ-PNV considera además que la máxima responsable política del Consistorio es la alcaldesa y critica la falta de autocrítica mostrada hasta el momento por Aizpea Otaegi.
Rechazo a mezclar Xenpelar y Kukai
Otro de los aspectos cuestionados por los jeltzales es la decisión del Ayuntamiento de abordar en una misma comparecencia pública el caso relacionado con Xenpelar Bertso Eskola y el vinculado a Kukai y Jon Maya.
A su juicio, se trata de situaciones diferentes, con implicaciones institucionales y jurídicas distintas, por lo que consideran que unir ambos asuntos solo contribuye a generar confusión y dificulta la rendición de cuentas sobre lo ocurrido en un ámbito en el que participaban menores.
La confidencialidad, en el centro del debate
EAJ-PNV también rechaza que la confidencialidad pueda utilizarse para evitar explicaciones sobre la actuación institucional. Aunque subraya la necesidad de proteger la intimidad de las víctimas, defiende que esa obligación es compatible con ofrecer información sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección y prevención.
Por último, la formación muestra su preocupación por las informaciones que apuntan a que determinadas conductas y alertas sobre el presunto agresor eran conocidas desde 2018 en el ámbito del bertsolarismo. A su juicio, la gravedad de las denuncias exige una investigación exhaustiva y una reflexión institucional profunda sobre las responsabilidades políticas derivadas de este caso.