El Ayuntamiento de Hondarribia "no tiene intención de derribar ni una sola vivienda"

Actualizado hace 5 minutos

Los vecinos del entorno de Damarri no tienen intención de permitir que sus casas sean derribadas. Según un decreto del departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de hace 25 años, y junto a la futura aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las viviendas de Damarri 3, la Casa Atalaya y Mouriscot pasarían a ser “elementos discordantes”. Esta valoración sería algo similar a quedarse fuera de ordenación, por lo que en un futuro se podría hacer desaparecer estas casas que ahora mismo albergan a 13 familias, locales comerciales aparte.

El motivo alegado para la desaparición de las casas, para el que existe un Plan Director de la Muralla además del citado decreto, es que, explican los vecinos en un comunicado, “enmascaran y degradan el conjunto amurallado”. Los habitantes de estas viviendas afirman sentirse “maltratados”, máxime cuando en el anterior PGOU de 2017 no hubo problema para estos edificios. Pero la situación parece haber cambiado, y cuentan que ahora existe la intención de aplicarlos a rajatabla.

Además de estas viviendas, hay otros inmuebles en la misma situación como el Colegio Egiluze Hijas de la Cruz. El único indulto sería para el Kasino Zaharra, de titularidad municipal y protegido por estar, señalan los vecinos en el Camino de Santiago. Cansados de la situación, han colocado pancartas en contra de los derribos, con el lema “esta casa no se tira”.

Enfrentamiento entre los grupos políticos

Más allá de la indignación y el movimiento vecinal, esta situación ha provocado cruces de acusaciones entre los distintos grupos políticos. Abotsanitz señaló el jueves que los decretos del Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco de 2000 y 2001 siguen vigentes, señalando la dirección del PNV en este área. Estos decretos, explican, "establecen que el Ayuntamiento debe impulsar, dentro de sus competencias, iniciativas encaminadas a la desaparición de determinados edificios situados en el entorno de la muralla”.

Siendo una autoridad superior, desde Abotsanitz, al frente del Consistorio, dicen que “el Ayuntamiento no puede incorporar en su PGOU nada que los contradiga”. Además, apuntaban que “teniendo el PNV su batzoki en este mismo lugar, el partido no haya movido nada durante 25 años”.

"Falta de empatía"

El PNV, por su parte, señaló que el comunicado de Abotsanitz era “una irresponsabilidad y una muestra de falta de empatía con las familias afectadas”, aludiendo que “se han tenido tres años para dar respuesta a los problemas y se ha demostrado incapacidad para resolverlos”, señalando que para el Gobierno municipal “ante un problema o una dificultad, la culpa y la responsabilidad siempre es de otros. Y casi siempre, de EAJ-PNV".

Los jeltzales explicaban, además, que "el PGOU de 2017, aprobado por EAJ-PNV, no contemplaba esta situación”, y que “tampoco la aprobación inicial del nuevo PGOU de 2023 contemplaba que estas viviendas fueran consideradas elementos discordantes cuya desaparición debía promoverse”.

El PNV solicita “explorar todas las vías posibles para proteger estas viviendas y, especialmente, la vía de la Ley de Memoria Histórica”. De hecho, recuerdan que en 2023 apoyaron “una iniciativa del PSE para proteger Mouriscot desde la perspectiva de la memoria histórica” que “el Gobierno municipal de Abotsanitz y EH Bildu votó en contra”.

El Ayuntamiento se suma a las reivindicaciones

Este viernes, tras el fuego cruzado entre ambas formaciones, se ha pronunciado el equipo de Gobierno, señalando que “el Ayuntamiento de Hondarribia se suma a la reivindicación de las y los vecinos de las viviendas de la zona de Damarri y deja claro que no tiene intención de derribar ni una sola vivienda”.

Además, pide al Gobierno Vasco “que revise el marco normativo vigente para hacer compatible la protección de las viviendas con la recuperación del patrimonio histórico". El Ayuntamiento, señala que tiene como objetivo “proteger las viviendas de la zona y, al mismo tiempo, preservar y poner en valor el patrimonio histórico de Hondarribia”, recordando la adquisición de un inmueble el pasado año en este entorno, añadiendo que "no tendría sentido que el Ayuntamiento comprara una vivienda para incorporarla al parque público de vivienda de Hondarribia y, al mismo tiempo, tuviera intención de derribarla".

Veto a las reuniones

Fuentes vecinales señalan que se ha solicitado que a las reuniones, habiendo sido la última el pasado mes de agosto, no acudan ni los propietarios del Batzoki, el PNV, ni representantes del Consistorio por el citado inmueble adquirido en Damarri 3. El objetivo es no convertir esta iniciativa vecinal en un debate político. Más de 700 personas en apenas dos días han solicitado en el portal web change.org para que estos edificios no sean derribados.