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Política

Urkullu ultima el contrato de una sede en París que no será la incautada por Franco

l Trabaja en un alquiler a largo plazo por varios años sin mirar a un edificio cuya titularidad, en todo caso, sería del PNV l La Ley de Memoria estatal abre un resquicio pero la reclamación puede alargarse un año
El lehendakari, Iñigo Urkullu, con la secretaria de Acción Exterior, Marian Elorza. | FOTO: IREKIA
El lehendakari, Iñigo Urkullu, con la secretaria de Acción Exterior, Marian Elorza. | FOTO: IREKIA

donostia

– La búsqueda de una sede para abrir la delegación del Gobierno Vasco en París coincide en el tiempo con el debate final de la Ley de Memoria Democrática del Ejecutivo español, que abre una vía para recuperar la sede histórica incautada por el franquismo. Pero no son dos procesos que discurran políticamente en paralelo. De hecho, fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico adelantan que están a punto de cerrar un contrato para ubicar la delegación en otro lugar, un contrato que no está del todo amarrado y por ello no pueden precisar su ubicación exacta por si hubiera algún imprevisto, pero sí avanzan que es un alquiler y que se está planteando a largo plazo, por varios años. No se plantea como una solución provisional, para salir del paso, a la espera de una hipotética devolución del edificio del número 11 de la Avenida Marceau.

Las mismas fuentes dejan claro que la sede será otra (quizás en las proximidades del Palacio Presidencial francés, en una zona céntrica, pero aún debe cerrarse el contrato). ¿Por qué el Gobierno Vasco no espera la sede histórica? El palacete era en realidad propiedad del PNV, porque fue el diputado Rafael Pikabea quien lo alquiló en 1937, y posteriormente se compró con la contribución económica de los vascos en América. El edificio se cedió al Gobierno de Euzkadi, del lehendakari Aguirre, para que ubicara su delegación en París, pero la propiedad era del PNV.

Este dato tiene importancia y para los jeltzales es vital que quede clara la propiedad del palacete, porque es el argumento que han defendido desde la instauración de la democracia para pedir su devolución, frente a los que se oponen asegurando que era propiedad del Gobierno Vasco y se compró con fondos de la república. Esto lleva a una segunda consideración clave para que el gabinete de Urkullu haya buscado otra sede: aunque el PNV lograse ahora recuperar ese edificio, el Ejecutivo vasco tendría que volver a cerrar algún tipo de fórmula de compra o alquiler que, al tratarse de un contrato entre un Ejecutivo y un partido político, plantearía problemas de ética y estética.

UN AÑO DE PROCESO

En cuanto a las posibilidades que existen de recuperar el edificio por parte del PNV en una negociación con el Gobierno español, los jeltzales han evitado generar expectativas. Y tampoco es algo que se vaya a despejar de manera inminente. Se va a dirimir en un proceso que puede ser largo y durar más de un año a partir del momento en que se apruebe en julio la Ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados, y no antes. Esto significa que la posible negociación sobre el edificio no se resuelve ahora en el proceso de enmiendas: es la propia redacción inicial de la ley del Gobierno español la que abre esa ventana de oportunidad con su disposición adicional novena, que se espera que sobreviva cuando se apruebe el texto final. En ese sentido, el PP presentó una enmienda de supresión, en concreto su enmienda número 431, para eliminar esta disposición adicional novena, lo que ha motivado en buena medida la prudencia y la discreción sobre este asunto. Pero, además, la ley establece un plazo de un año para presentar la reclamación de bienes, como esta sede.

¿Qué es lo que ocurrió con este palacete y qué dice la disposición adicional novena? La sede de la Avenida Marceau fue ocupada por el franquismo tras la caída de París en manos de los nazis en 1940. Fue una sentencia bajo la ocupación nazi la que atribuyó la propiedad a Franco. La derrota de Hitler hizo posible que el Gobierno Vasco regresara al edificio, pero poco duró la satisfacción: en 1951, el Gobierno francés ordenó el desalojo y no quiso revocar la sentencia dictada durante la ocupación de Hitler. Desde 1991, alberga entre sus paredes el Instituto Cervantes.

El Gobierno de Sánchez redactó una disposición en su Ley de Memoria Democrática que abre la puerta a que el PNV recupere la propiedad. Asegura que la restitución de los bienes incautados a partidos políticos será de aplicación a los bienes obtenidos en el extranjero, en ejecución del acuerdo internacional firmado entre el Gobierno español y la República de Francia, en 1939 y en virtud de leyes franquistas de 1940, aun cuando el título de propiedad del Estado hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de estados extranjeros. Y, para los bienes inmuebles, abre un plazo de un año para el ejercicio de reclamación cuando se publique la ley.

De ahí que el PNV en el Congreso, según las fuentes consultadas, simplemente constate que se abre una ventana de oportunidad con la nueva ley, pero esa ventana se confirmará cuando se apruebe la norma. Entonces verán en qué medida hay margen para pelear por ese edificio en el plazo de reclamación de un año. El Gobierno Vasco sigue por su propio carril y amarra otro edificio. La delegación en París se abrirá este año en un viaje en el que participará el lehendakari y que podría coincidir con el acto de entrega del testigo del Tour. El 1 de julio de 2023 está previsto que el Tour salga de Bilbao. El Gobierno vasco tiene delegaciones en Madrid, Bruselas, Estados Unidos, México; Chile, Perú y Colombia; y Argentina-Mercosur. l

las claves

l Gobierno Vasco. Busca y está cerrando un contrato para ubicar la delegación en París en otro edificio distinto a la sede histórica de la Avenida Marceau. Sería un contrato de alquiler a largo plazo para varios años.

l PNV. El edificio de Avenida Marceau era propiedad del PNV a nivel de partido. La Ley de Memoria Democrática abre un resquicio a su devolución en la disposición adicional novena, pero la ley deberá quedar aprobada en julio para comenzar a explorar el margen de acuerdo, con un año para presentar reclamaciones.

2022-07-01T06:03:11+02:00
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