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La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha pospuesto al 3 de junio la decisión que tenía que tomar este miércoles sobre una euroorden española contra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por su presunta responsabilidad como dirigente del grupo terrorista ETA entre 2002 y 2019.
El dictamen sobre esta euroorden había quedado pendiente de un complemento de información de la sala de instrucción a dicho tribunal solicitado a la Audiencia Nacional de Madrid, que es la que reclama a Urrutikoetexea para juzgarlo por un nuevo sumario.
Los jueces de la sala de instrucción parisina no precisaron las razones de este aplazamiento.
Josu Ternera
En la última audiencia sobre este caso, celebrada el 25 de marzo, la defensa del exjefe de ETA había pretendido que en el complemento de información que se iba a cursar a la Audiencia Nacional se preguntara en qué condiciones estaría si fuera entregado al Estado español y si, eventualmente, acabara condenado, teniendo en cuenta su edad, 75 años, y su estado de salud.
Detrás de esa iniciativa de sus abogados estaba la intención de que antes de dictaminar sobre la euroorden, la sala de instrucción analizara las garantías que podía dar el Estado español a Ternera, algo que rechazó la Fiscalía por entender que "no viene al caso" y porque los magistrados franceses no tienen que entrar a valorar la justicia de otro país.
Esta euroorden, que le fue notificada a Urrutikoetxea el pasado mes de diciembre, se solapa en parte por otra que ya fue aceptada por el mismo Tribunal de Apelación de París en 2020, que se pronunció entonces por la entrega diferida de Josu Ternera, una vez que haya saldado todas las cuentas que aún tiene pendientes con la justicia francesa.
Lo que cambia en la nueva es que está acusado de un cargo más grave, el de haber sido dirigente de una organización terrorista, y por un periodo más largo, desde su huida en 2002 hasta su captura en Francia en 2019.
La justicia francesa ya ha dado su visto bueno a dos euroórdenes contra Urrutikoetxea, pero en los dos casos su ejecución está a expensas de una causa francesa que fue objeto de un juicio en abril y para la que se conocerá la sentencia el 2 de julio.
Esas dos solicitudes de entrega al Estado español tienen que ver con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, y con la financiación de ETA a través de las llamadas 'herriko tabernas'.