Begoña Gómez quiere dejar correr el reloj en la causa abierta contra ella

Begoña Gómez quiere ganar tiempo y dejar que corra el reloj en la causa abierta contra ella por el juez Juan Carlos Peinado. La decisión del magistrado de abocar el proceso a un jurado popular está pendiente de la resolución del recurso presentado por la esposa de Pedro Sánchez y admitido a trámite por la Audiencia Provincial de Madrid contra dicha medida. No existen, según este tribunal, "indicios racionales de criminalidad" que la justifiquen. Y es precisamente a esta deliberación a la que se aferra la defensa de Gómez para solicitar ahora la “paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso” a Peinado, quien tiene el próximo 27 de septiembre como fecha tope para cerrar el caso. El motivo es que ese día cumplirá 72 años, edad que marca la jubilación obligatoria para los jueces y que obligaría al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a dejar la causa en manos de otro compañero si para entonces no se ha completado.

"Si el procedimiento continuara pese a la pendencia de los recursos, llegaría un momento en que el procedimiento habría avanzado de forma irreversible, generando una situación procesalmente insostenible", asevera el abogado de Gómez, Antonio Camacho, en el escrito dirigido a Peinado, quien un mes después de que la Audiencia Provincial admitiera el recurso contra un juicio con jurado popular, insistía en su objetivo al dictar un auto en el que aseguraba que “se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".

Cabe recordar que, en abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, así como a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, dejando fuera finalmente el de intrusismo profesional.

Según argumenta Camacho, "resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento". El letrado de la esposa de Sánchez y exministro de Interior con Zapatero recuerda que “falta el resultado de al menos cuatro informes que han sido pedidos a la UCO de la Guardia Civil" y la declaración de un testigo propuesta para esta semana, el empresario José María Torres, por lo que "aún no han finalizado las diligencias". En este contexto, entiende que "permitir que el procedimiento avance" supondría "vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva", "comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías", "generar un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior" y "producir una situación de indefensión material".

En lo que respecta a las peticiones de pena, la acusación popular que lidera Hazte Oír y en la que están personadas entidades vinculadas a la ultraderecha como Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España, solicita 24 años de cárcel para Gómez, así como prohibición de salida del país y retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga", 22 años para su asesora en Moncloa y seis para el empresario Barrabés. Por el contrario, la fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delito.