Una fosa de Huelva devuelve 32 víctimas del franquismo casi 90 años después

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Casi nueve décadas después de que fueran enterradas sin nombre, 32 víctimas de la dictadura franquista han sido recuperadas de una fosa común del cementerio de Huelva. Los nuevos hallazgos elevan a alrededor de 200 los cuerpos localizados durante las diferentes campañas desarrolladas en el camposanto.

Los trabajos están dirigidos por un equipo de la Universidad de Granada y forman parte de una intervención destinada a recuperar e identificar a las más de 1.400 personas represaliadas que, según la documentación disponible, permanecen enterradas en las fosas comunes del cementerio onubense.

Una delegación de Izquierda Unida ha visitado las excavaciones acompañada por familiares de algunas de las víctimas. La comitiva estaba encabezada por el coordinador provincial y diputado Marcos Toti, junto a la concejala de Huelva Mónica Rossi y el parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo.

Las huellas de la violencia

La visita recorrió tanto las áreas de excavación arqueológica como el laboratorio habilitado en la capilla del cementerio. En ese espacio, los especialistas realizan los análisis antropológicos y forenses destinados a determinar las circunstancias de las muertes y recabar información que permita identificar los restos.

Toti ha explicado que la delegación pudo contemplar “una fosa común con 32 personas asesinadas, en la que se pueden observar cráneos con orificios de bala o huesos fracturados a causa de las palizas recibidas antes de ser asesinados”.

Estas evidencias, ha añadido, “reflejan con absoluta crudeza la violencia ejercida durante la represión franquista”. El representante de IU ha subrayado también la dimensión humana de los trabajos, financiados por el Gobierno central, y la importancia de devolver los restos a sus familias.

Incertidumbre sobre las próximas campañas

Izquierda Unida ha expresado su inquietud por la continuidad de las exhumaciones. Toti sostiene que “existe una grave preocupación por el futuro de los trabajos de recuperación de la memoria democrática” debido “a los recortes que Moreno Bonilla ha aplicado a las universidades públicas, imprescindibles para analizar los restos”.

El dirigente ha sumado a esta situación la incorporación al Gobierno andaluz de consejeros “abiertamente contrarios a la Ley de Memoria Democrática”. Por ello, ha reclamado “garantías” que permitan mantener las excavaciones y los análisis forenses durante las próximas campañas. La recuperación de los cuerpos constituye solo el primer paso. Después comenzará el complejo proceso de estudio, cotejo documental e identificación genética con el que se tratará de devolver un nombre y una historia a quienes permanecieron durante décadas bajo la tierra.