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El Congreso ha aprobado este martes iniciar la tramitación de la proposición de ley del PNV tras el apoyo del Partido Popular, PSOE, Vox, Sumar y Junts. Esta iniciativa pretende suprimir la obligatoriedad de la negociación extrajudicial en los procedimientos familiares que involucren a menores de edad con el fin de agilizar este tipo de procesos, como sucede en algunos divorcios.
Así, durante la defensa, el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha advertido que, cada año, "unos 300.000 menores" se ven incursos en procesos judiciales de familia por procesos de ruptura en el Estado, unos procesos que, según ha lamentado, "en más ocasiones de las deseables" son conflictos "envenenados" y no exentos de "vandalismo emocional".
Por eso la proposición de ley plantea que "se deben eliminar las medidas de resolución de controversias cuando estas afectan los derechos de los menores", ha explicado en rueda de prensa la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.
Y es que, según argumentan los nacionalistas, tras siete meses de aplicación de la nueva normativa, "se ha detectado que, en la práctica, a falta de acuerdo, el tribunal debe otorgar a uno u otro progenitor la facultad de decidir por razones de tiempo, lo que provoca en muchos casos que desaparezca el bienestar del menor".
Reducir plazos
Por ello, ha reclamado no dilatar estos procedimientos de alta conflictividad con trámites previos obligatorios como los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), argumentando que prolongar la "tensión" en la pareja expone a los hijos a un daño "perjudicial".
En la misma línea, la diputada del PP, María Jesús Moro, ha confirmado el apoyo de su grupo a la toma en consideración de la reforma, aclarando que no están en contra de los MASC en el ámbito familiar, sino de su imposición obligatoria. Por su parte, el diputado del PSOE, Joaquín Martínez, ha reconocido que comparten "la preocupación" que inspira la iniciativa para que ningún trámite dificulte la protección de un menor, pero ha pedido "prudencia" frente a la modificación de los MASC en procesos de familia, destacando que la ley lleva muy poco tiempo en aplicación y que los primeros datos invitan al "optimismo", al registrarse "una bajada de la litigiosidad de casi el 30%".
Mientras, la diputada de Vox, Carina Mejías, ha criticado al diputado del PNV acusándolo de "oportunismo político" por proponer una reforma para eliminar la obligatoriedad de los MASC en procesos de familia tras haber votado a favor de la ley que la implantó. A pesar de ello, ha confirmado que Vox apoyará la reforma porque consideran que los MASC son un "auténtico fiasco", que acumulan divorcios "en los cajones" y "premian a los incumplidores".
Desde Sumar, el diputado Enrique Santiago ha respaldado la toma en consideración de la propuesta del PNV para debatir mejoras técnicas, aunque sin desmontar el modelo general. Por otro lado, la diputada de ERC, Pilar Valluguera, ha defendido el modelo "transformador" de los MASC en los procesos de familia, confirmando que su grupo votará en contra de eliminar esta mediación previa por coherencia con lo que ya votaron en el Parlamento de Cataluña.
Asimismo, el diputado de Junts, Josep Pagès, ha criticado que la generalización "indiscriminada" de los MASC como requisito obligatorio es "un error" y se ha convertido en un obstáculo para la defensa de los derechos de los ciudadanos porque no solo genera "retrasos y aumenta el conflicto", sino que en casos con elementos de extranjería sirve como un "aviso" que permite al progenitor residente fuera "adelantarse y reclamar la competencia" en tribunales extranjeros.