Sánchez no aceptará nuevas lenguas en la UE antes que el euskera, catalán y gallego

Actualizado hace 9 minutos

Cuando el Gobierno español prometió que lograría la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en las instituciones de la Unión Europea a cambio del respaldo de Junts, entraba dentro de lo previsto que esta negociación fuera una carrera de fondo. Iba a requerir mucha diplomacia, porque es un requisito indispensable que ninguno de los 27 estados miembros vote en contra, y varios países liderados por Alemania se muestran recelosos. El tiempo pasa, y esta cuestión no avanza lo suficiente. La situación es tal que, desde julio de 2025, hace más de un año, ni siquiera ha entrado en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea porque era evidente que esa condición seguía sin cumplirse y, en ese momento, se llegó a la conclusión de que era preferible no forzar una votación para perderla. Pero, en las últimas horas, el Ejecutivo de Sánchez ha decidido renovar este compromiso realizando un movimiento político y una declaración de intenciones. Por un lado, ha reincorporado este tema a la agenda del Consejo de Asuntos Generales del día 22, aunque no se prevé que se adopte una decisión, sino que el Estado español tomará la palabra para argumentar su posición y, si acaso, otros socios tendrán un turno de palabra si lo desean. Por otro lado, el ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares ha decidido elevar su tono de urgencia para evidenciar que este asunto apremia y debería tener prioridad por encima del reconocimiento de otras lenguas oficiales, lenguas que podrían llegar por la incorporación de una decena de nuevos socios del este y de los Balcanes. En este contexto de parálisis, el ministerio de Albares aclara que "no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales" si antes no se aprueban las del Estado español, que lleva 40 años formando parte de la Unión Europea y cuya Constitución y estatutos de autonomía conceden reconocimiento y protección a estos idiomas.

“España apoya firmemente el proceso de ampliación. La incorporación de nuevas lenguas oficiales a la UE es un aspecto muy positivo dada la estrecha vinculación entre el reconocimiento de las lenguas y el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea. No es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. En este contexto, urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE", declararon fuentes del ministerio consultadas por Grupo Noticias. Con sus declaraciones, el ministerio apoya el proceso de ampliación para incorporar más estados a la Unión Europea (entre ellos, Ucrania), pero asegura que no aceptará las nuevas lenguas que vendrán con ese proceso si no se resuelve antes la reivindicación del Estado español, que afecta a "20 millones de personas", según calculó el jueves el secretario de Estado, Fernando Sampedro. El escenario que dibuja el ministerio es difícil, según reconocen las mismas fuentes.

No está muy claro que se puedan desvincular el proceso de adhesión y el proceso de aceptación de una nueva lengua, por la escasez de precedentes en tal sentido. Cuando un Estado solicita su incorporación a la Unión Europea, tiene derecho a escoger un idioma de uso oficial, y esa condición se negocia como parte del Tratado de Adhesión. Esa adhesión, con las condiciones que regula su tratado, la tienen que ratificar los 27 socios. Es verdad que, al margen de ese proceso, hay que actualizar el Reglamento para incorporar esa nueva lengua y votarlo, pero se supone que esa lengua, de facto, se habría aceptado ya en el Tratado de Adhesión. Por el contrario, puede ocurrir que el candidato a entrar en el club comunitario escoja comunicarse en un idioma ya reconocido, como el inglés (lengua que Ucrania ha abrazado para sus relaciones comerciales), o el francés y el alemán (un Estado que ya es miembro, como Luxemburgo, tomó esa decisión y a día de hoy no tiene reconocida su lengua propia, el luxemburgués). En ese caso, si ese Estado quisiera designar una segunda lengua, sí tendría que iniciar un procedimiento por separado y claramente susceptible de ser vetado.

En estos momentos, hay nueve estados que aspiran a entrar en la Unión Europea: Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Turquía, Ucrania, Moldavia y Georgia. El caso más sensible, para el que se quiere buscar una solución rápida, es la Ucrania en guerra e invadida por Putin. Su lengua oficial es el ucraniano y, aunque las zonas dominadas hablan ruso, es una hipótesis delirante pensar que el presidente Zelenski vaya a solicitar la oficialidad del ruso como segunda o tercera lengua de comunicación. A nivel comercial, ha asumido el inglés para ganar visibilidad. A día de hoy, son un total de 24 las lenguas reconocidas en las instituciones de la Unión. Interesa agilizar el proceso de ampliación de socios, que no obstante puede provocar un agravio comparativo en términos de reconocimiento de lenguas si esos países adelantan en la cola al Estado español.

Asumir el gasto, apelar al número de hablantes, una aplicación en dos tiempos...

El Gobierno español apela a la lógica, a priorizar la reivindicación de un Estado que lleva 40 años en la Unión Europea. Este último movimiento llega después de que Sánchez planteara otras dos ofertas para facilitar la implementación de la medida y vencer las resistencias (sobre todo, económicas) de 7 de los 27 socios: que el Estado español corra a cargo de los gastos, que rondarían los 132 millones de euros al año; y que la oficialidad se aplique en dos fases, de tal manera que los reglamentos se traduzcan a partir de 2027, y quede pendiente de un estudio posterior a partir de 2031 la aplicación al resto de los documentos. A nivel argumental, ha defendido que las lenguas oficiales del Estado tienen protección constitucional y, en su conjunto, tienen más hablantes que algunos idiomas ya reconocidos en Europa. También anunció la apertura de un diálogo con Alemania, que es la principal potencia que se opone y a la que acompañan otros estados como Austria, Suecia y Finlandia.

El Gobierno Vasco se ha mantenido cauteloso en los últimos tiempos, porque reconoce los esfuerzos diplomáticos. Pero también existe una contradiplomacia, la del PP. La cuestión es que algunos de los estados no tienen claro que Sánchez esté en condiciones de prometer que España correrá a cargo de los costes económicos, cuando podría resultar que hubiera un cambio de Gobierno tras las próximas elecciones generales. Los socios de Sánchez, de hecho, han puesto más el foco en denunciar la actitud del PP, que en cuestionar que Albares esté poniendo todo de su parte. Al menos, ha sido así hasta la fecha.

La reivindicación se reactiva en un momento delicado para el presidente español, cercado por la crisis migratoria y política de Ceuta. Sus socios le exigen explicaciones y que aclare el papel de Marruecos. Además, este movimiento coincide con la presidencia de turno de Irlanda en el Consejo de la Unión Europea, que en principio debería ser propicia al reconocimiento de las lenguas (se enfrentó a un proceso muy largo con el gaélico). Ahora bien, no es la primera vez que se lanza un mensaje similar sobre una presidencia de turno aliada, pero con el tiempo se ha visto que eso no basta y que depende de terceros, de los 7 países que siguen siendo contrarios o reticentes o que, al menos, lo eran el año pasado. Bastaría con moverlos a la abstención. Las elecciones generales tendrán lugar, como muy tarde, en julio de 2027.