PNV y EH Bildu apuran todas las vías para mantener el consenso en la Ley de Educación

Era el día señalado y había nubarrones de ruptura. Pero, finalmente, el día pasó como una simple hoja más en el calendario. La ponencia del Parlamento Vasco que estudia las enmiendas a la Ley de Educación ha celebrado este martes su última reunión, sobre la que pendía el ultimátum de EH Bildu. La coalición abertzale había exigido superar los actuales modelos lingüísticos A en castellano, B en bilingüe y D en euskera con una redacción más clara que dejara atrás la enmienda de PNV y PSE. Jeltzales y socialistas confirmaron en esa reunión que mantienen sus enmiendas y, a partir de ahí, si se cumplía el guion anticipado por la propia EH Bildu, a la coalición abertzale solo le quedaba romper tras las duras críticas que había vertido contra jeltzales y socialistas, o bien ceder y asumir esa redacción. Pero entonces surgió un tercer escenario: el portavoz de EH Bildu en educación, Ikoitz Arrese, presentó “una última propuesta de mínimos” para aclarar cómo sería el aprendizaje de las lenguas para garantizar ese nivel de conocimiento B2 en euskera y castellano que estipula la ley al final de la etapa secundaria; y regular las condiciones para que la escuela concertada pueda acceder a financiación pública, para que tengan mayor fuerza y obligatoriedad.

El PNV se lo podría haber tomado como un mero intento de estirar el chicle y alargar el protagonismo de EH Bildu en puertas de las elecciones vascas previstas para el primer semestre del próximo año 2024. La coalición lo había acusado unas horas antes de someterse a su socio minoritario en el Gobierno vasco, el PSE, y de hacerlo por vértigo electoral. Al PSE lo había comparado con Vox y el PP. En todo este recorrido, EH Bildu ha experimentado presiones sindicales y del mundo educativo. Y, por pura aritmética, el Gobierno vasco podría sacar la ley adelante solo con sus votos porque tiene una mayoría absoluta suficiente. Pero el PNV no rompió la baraja y está dispuesto a “analizar la propuesta”, tal y como confirman fuentes jeltzales y de la propia consejería de Jokin Bildarratz a este periódico, y a todas luces hay un intento claro de exprimir todas las alternativas para que siga vivo el consenso del pacto educativo, ya sin Elkarrekin Podemos-IU.

Desde el PSE, que ha presionado todo este tiempo para que se mantenga una alusión a los modelos lingüísticos vigentes en la ley, se expresan con frialdad, y las fuentes consultadas son lacónicas: “Nos remitimos a lo acordado con el PNV”. En algunos ámbitos, se interpretó que el PSE se niega a transaccionar la enmienda. En realidad, los propios socialistas admitieron públicamente hace unos días en el pleno que los modelos lingüísticos deben evolucionar, pero a nadie se le escapa el problema en términos de imagen que supondría para ellos que EH Bildu siga en el acuerdo, por la presión que le llegaría desde la derecha estatal.

El informe de los servicios jurídicos, el viernes

A estas alturas ya no sería prudente hablar de un nuevo plazo límite, viendo que el ultimátum de este martes ha vencido también, pero el próximo hito clave tendrá lugar el viernes, cuando los servicios jurídicos comuniquen a los grupos el informe final sobre los trabajos de la ponencia. En ese sentido, hasta el viernes, los grupos pueden comunicar a los servicios jurídicos un cambio de posición o alguna redacción alternativa con respecto a las posiciones fijadas en esta última ponencia. El lunes 27 quedaría aprobado el texto en ponencia, y el miércoles 29 pasaría a comisión, el paso previo antes de la aprobación definitiva de la ley en un pleno previsto para el 21 de diciembre. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la ley se podría aprobar por mayoría absoluta, pero que el objetivo todo este tiempo ha sido recabar el máximo apoyo posible porque “es una de las mejores garantías”. Cree que queda tiempo hasta el pleno. Habrá que ver si es así, porque Bildu podría convocar la consulta a la militancia el lunes.

EH Bildu propondrá votar que no a sus bases si no hay cambios

La situación podría resumirse ahora recurriendo al tópico, al difícil pero no imposible. EH Bildu no desveló los detalles concretos de su propuesta apelando al respeto a las partes, más allá de centrarla en los dos aspectos clave para su grupo, las condiciones para la concertada y el aprendizaje de las lenguas. “El último día para recibir esa respuesta podría ser el viernes”, dijo. Fue a preguntas de los periodistas cuando confirmó que su grupo se reafirma en que, “si se mantienen y se blindan los modelos como recogen en sus enmiendas PNV y PSE, EH Bildu propondrá votar que no” a su militancia en una asamblea nacional extraordinaria que someterá a votación esta posición.

Pero, ¿la enmienda de PNV y PSE blinda los modelos lingüísticos? La consejería ya ha aclarado que no, y que los modelos deben evolucionar. Ha pedido a Bildu que se fije en el objetivo final, el perfil B2, y que valore también la autonomía de los centros para diseñar proyectos lingüísticos acordes con su realidad social. En el PNV molesta el enredo monumental que se ha generado, además, por una enmienda que se sitúa en la exposición de motivos y que es en cierto modo inocua viendo su posición en el proyecto y viendo que el asunto de las lenguas se va a clarificar en un reglamento en un plazo de dos años. La enmienda solo se refiere a elaborar los proyectos sobre la base de los modelos lingüísticos vigentes.

Ikoitz Arrese, desde EH Bildu, sostuvo que PNV y PSE abren la puerta a un modelo “D menos”, un modelo D devaluado que antepondría el derecho a elegir la lengua vehicular sobre los objetivos del perfil B2, siguiendo “el deseo del PSE”. Sobre la concertada, afeó que “no haya ningún mecanismo legal para hacer cumplir los principios del acuerdo”, que establecía que la financiación pública solo se otorgará a esos centros si cumplen unas obligaciones. “La ley no establece obligaciones, sino principios rectores”, añadió.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi pidió paralizar la tramitación de la ley para reconducir la situación y que no se apruebe con un “exiguo 54%” de respaldos.