El Gobierno español ha dado el paso que se necesitaba para que Donostia cuente con un nuevo barrio aprobando fijar el área de protección de la zona de los cuarteles de Loiola, en San Sebastián, en 20 metros, y no en 100 como pretendía Costas. Esto supone el desbloqueo de la venta de los terrenos militares al Ayuntamiento, que proyecta construir 1.700 viviendas.
El diputado del PNV Aitor Esteban lo confirmaba en el Congreso de los Diputados subrayando precisamente ese límite a 20 metros del río Urumea, imprescindible para poder acometer el proyecto. Era una cuestión que debía resolverse antes de ejecutar definitivamente la venta de los terrenos al consistorio donostiarra y que estaba paralizando el inicio de las obras.
El Ayuntamiento y el Gobierno firmaron en octubre de 2023 el acuerdo de compraventa de los cuarteles, un terreno de 17,5 hectáreas por los que el consistorio donostiarra pagará 73,3 millones de euros. El convenio estaba suspendido hasta conocer la decisión de Costas.
"Día importante"
"Es un día importante para el Grupo Vasco, tras un trabajo de muchos años de la mano del Ayuntamiento de Donostia, de su alcalde Eneko Goia", ha indicado Esteban en los pasillos del Congreso.
Se trata de un acuerdo para "dar solución a uno de los grandes problemas de la ciudad, de la sociedad en general", ya que significa la posibilidad de desarrollar un plan urbanístico para la construcción de hasta 1.700 viviendas en la zona de Loiola.
"Había que desbloquear muchas cosas y se ha conseguido", ha dicho Aitor Esteban, quien ha reivindicado la manera de trabajar del PNV para resolver los problemas de los ciudadanos.
"Nos da la razón"
Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, considera "muy buena noticia para la ciudad" esta decisión y ha afirmado que el Ayuntamiento volverá a activar el convenio suspendido y fijar fecha para la firma de escrituras de la compraventa de los cuarteles de Loiola "lo antes posible".
Goia ha valorado que se haya producido la firma de resolución de Costas en el sentido que el Ayuntamiento "pedía y alegaba, que era el de reconocer que la distancia de la línea de deslinde con respecto al río era de 20 metros, como en el resto de la ciudad". Ha reconocido que esperaban que la decisión fuera en este sentido, aunque ha afirmado que "nos hubiera gustado que hubiera sido un poco antes".
A su entender, la resolución de Costas "efectivamente nos da la razón, por decirlo de alguna manera, sobre todo el trabajo que se había hecho hasta ahora y las previsiones que habíamos barajado de edificabilidad de este ámbito".