El accidente ferroviario que se produjo en la mañana de hoy en Toledo, con un fuerte impacto en los distintos estamentos sociales y del Estado, obligó a posponer la reunión que estaba prevista entre la SEPI, el Gobierno Vasco y los cinco oferentes por Tubos Reunidos, según indicaron fuentes del Ejecutivo a última hora de la tarde. De esta forma, se mantiene la incertidumbre en torno al futuro de la empresa, que mantiene una deuda de 150 millones de euros con la propia Sociedad Española de Participaciones Industriales, un volumen que condiciona severamente su viabilidad futura.
El encuentro estaba previsto como una de las últimas bazas de Tubos Reunidos para encauzar su futuro, toda vez que los cinco ofertantes habían comunicado, según había explicado el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que se retirarían del proceso si no se procedía a una quita de esa deuda. De esos 150 millones de deuda, 112 corresponden al crédito otorgado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -dependiente de la propia SEPI- en 2021 como parte de un mecanismo de ayuda a empresas que habían sufrido especialmente la crisis productiva que supuso la pandemia y a las que se consideraba de especial valor industrial. En total, la deuda de Tubos Reunidos sobrepasa los 265 millones de euros y, en una de las últimas reuniones del administrador concursal con los sindicatos, se transmitió a los representantes de los trabajadores que el pago de las nóminas estaba únicamente asegurado para este mes.
En todo caso, ayer se conoció el segundo nombre incluido en la lista de cinco ofertantes por la adquisición de las unidades productivas de Tubos Reunidos. Se trata de la empresa Green Industry Machines & Materials, del grupo CapCapital, que ha comunicado a los comités de empresa de las tres plantas su intención de mantener encuentros en los que tiene intención de comunicarles sus planes respecto al futuro de la empresa, en especial en lo concerniente al empleo.
En principio, y aunque la reunión no tiene fecha concreta, se espera que podría desarrollarse a lo largo de la próxima semana, ya que la intención es que los encuentros de los ofertantes con la parte social tengan lugar a lo largo del próximo mes. A continuación, se producirá la presentación de ofertas finales, previsiblemente a principios de diciembre. La última fase teórica del proceso debería ser la valoración de las ofertas por parte de la administración concursal, que ejerce la consultora PKF Attest, para establecer una jerarquización de las mismas y seleccionar la más adecuada.
Green Industry Machines & Materials tiene su sede en Madrid y es una empresa de ingeniería que realiza actividades de consultoria de gestion empresarial como intermediaria del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves, fabricacion de maquinaria e instalaciones electricas. Detrás de esta empresa está el fondo CapCapital, con oficina en Londres y Madrid y que, en su presentación en su página de Internet, se define como una firma inversora centrada en la “reindustrialización de Europa” a través de la adquisición y desarrollo de empresas con “alto valor potencial”. En este sentido, su cartera de inversiones incluye nombres como Valtenor y Kivnon Robotics, aunque también otros de fuera del sector industrial, como Pronovias. Cuenta con una plantilla de 300 profesionales y opera en 25 países, al tiempo que su capacidad inversora, según sus propios datos, es de 325 millones de euros. Las ramas productivas en las que centra su actividad son la robótica, la Inteligencia Artificial, la energía, las telecomunicaciones, la aeronáutica y la defensa.
Las cinco propuestas seleccionadas incluyen en sus ofertas reducción de plantilla y modificación de las condiciones laborales, si bien en el auto judicial de la magistrada que ordenó el concurso de acreedores figura la obligación del mantenimiento de la actividad industrial durante al menos dos años. La intención de los sindicatos es que las ofertas respalden el mantenimiento del empleo y de un proyecto industrial a largo plazo, con un compromiso que se extienda en el tiempo más de los dos años contemplados en el su auto judicial de junio. En ese mismo escrito se aludía a la necesidad de atender ofertas que favoreciesen la “transmisión íntegra” de la unidad productiva que permita garantizar, en mayor medida, “la continuidad de la actividad empresarial, la conservación del mayor número posible de puestos de trabajo y la optimización del valor global de los activos transmitidos, evitando riesgos de desagregación, pérdida de sinergias o deterioro del valor económico” que podrían derivarse de transmisiones parciales.
La pasada semana se conoció que el grupo industrial indio Welspun era el primer ofertante que iba a reunirse con la parte social a lo largo del día de hoy, pero decidió aplazar la reunión prevista para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI y la intención del organismo de que sea asumida por las unidades productivas que se adquieran en el proceso de venta de la compañía.
La situación financiera de Tubos Reunidos es grave, con una deuda de 150 millones con la SEPI que condiciona cualquier horizonte de futuro. “La ecuación es muy simple, sin quita de la deuda de SEPI, nos quedamos sin inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos”, advirtió el pasado martes el consejero de Industria, Mikel Jauregi. “En estos momentos, la carta que SEPI mandó a Europa y luego al administrador concursal ha ahuyentado a los inversores que han hecho ofertas en el proceso concursal. Ofertas que hicieron con la asunción de que iba a haber una quita total de la deuda de SEPI de 150 millones”, dijo Juaregi en alusión a las ofertas. Según precisó, la SEPI ha trasladado que “tiene la esperanza de encontrar a un inversor o a un consorcio de inversores que acepte pagar los 150 millones de deuda”.