La prórroga de Almaraz reaviva el debate sobre la energía nuclear

Actualizado hace 7 minutos

La renovación por parte del Gobierno español de la autorización de la explotación de las dos unidades de la central nuclear cacereña de Almaraz hasta junio de 2030, que este viernes se ha hecho pública en el Boletín Oficial del Estado, ha reabierto el viejo debate en torno a la apuesta por esta fuente de energía. Como era de esperar, la medida, que el Ejecutivo estatal ha justificado en base a la “elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles” provocado por el convulso contexto geopolítico actual, ha generado reacciones enfrentadas. Las fuerzas a la izquierda del PSOE la rechazan y ven en ella un paso atrás en el compromiso de la Moncloa de cerrar todo el parque nuclear existente en 2035. Por el contrario, el anuncio ha caído muy bien entre la derecha, aunque la imposibilidad de aplaudir sin reparos una iniciativa impulsada por el Gabinete de Sánchez hace que PP y Vox remarquen el carácter insuficiente de la misma y que reclamen ir más allá.

Desde el Gobierno se defendía la adopción de la prórroga para la actividad en Almaraz -cuya autorización anterior vencía el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II- tras comprobar que es “segura para las personas” ya que el Consejo de Seguridad Nuclear “ha constatado el correcto funcionamiento de la central, el nivel adecuado de seguridad radiológica, e impuesto condicionantes técnicos".

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguraban este viernes que la prórroga, que atiende a la solicitud realizada por las tres compañías propietarias de la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy- "no compromete la seguridad de suministro" y además "no tiene coste para los ciudadanos", porque, según argumentan, "aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas”.

Admiten las fuentes ministeriales que la decisión viene motivada por “las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania". Destacan que "hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever" y consideran que, frente a ello, "la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente".

Inciden desde el Ministerio para la Transición Ecológica en que la extensión limitada de la central "se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035". Y, del mismo modo, insisten en que la apuesta del Gobierno por las renovables "permanece intacta" puesto que estas fuentes de energía "han mejorado la competitividad de España, han contribuido a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios de los combustibles fósiles y están generando crecimiento económico y atrayendo nuevos proyectos industriales".

La noticia de la prórroga de la actividad de Almaraz ha sido recibida con agrado en la derecha. "Hoy se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura", celebraba en la red X la presidenta de dicha comunidad autónoma, María Guardiola, al tratarse de una “una decisión que da certidumbre” a la comarca de Campo Arañuelo y “que protege miles de empleos”. En la misma línea y en la misma red social, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, aseguraba: "Hoy es un buen día. Almaraz no cierra en 2027". Y añadía: "Ahora, a por todo el parque nuclear".

La satisfacción era compartida por el presidente de la formación popular, Alberto Núñez Feijóo. “La continuidad de Almaraz es una gran noticia para todos: en primer lugar, para las 4.000 familias extremeñas cuyo futuro dependía de esta decisión. Celebro el éxito de su lucha” señalaba en X, recordando que “la energía nuclear es imprescindible para evitar nuevos apagones y para no depender de terceros”. Con todo, no desaprovechó la ocasión para, una vez más, atizar al Gobierno de Sánchez y reprocharle que realizara “una rectificación, en pleno agosto para que no se note mucho, tardía e incompleta”. Ante esta medida insuficiente, Feijóo aseguró que “el próximo Gobierno desterrará el sectarismo ideológico y garantizará su permanencia más allá de 2030. Es mi compromiso”.

Desde Vox, José María Figaredo se mostraba inusitadamente eufórico ante una iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Sánchez. “Es un éxito tremendo para toda España”, manifestaba en declaraciones a Antena 3 el secretario general en el Congreso de la formación ultra, quien no tardaba en apuntarse el tanto. "Desde Vox lo hemos peleado muchísimo, muchísimo. Llevamos años presionando, años lanzando iniciativas parlamentarias. Desde el gobierno de Extremadura del que formamos parte hemos presionado muchísimo", recalcaba Figaredo, animando a “pelear” por el resto de centrales que “siguen un calendario de cierre”. Y su compañero de partido, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, pedía alargar los plazos. "Almaraz, sí gracias. ¡Nucleares, sí gracias! El primer paso está dado. Pero solo es el primero, porque el objetivo debe ser 2050", escribía en redes sociales.

Al otro lado del espectro político, solo desde el PSOE se respaldaba la medida. Su secretario general en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, la calificaba como "una muy buena noticia para Extremadura, para el Campo Arañuelo, para Almaraz y para España en su conjunto". Más a la izquierda, reinaba la indignación. Dentro del propio Gobierno, el ministro de Cultura y portavoz de los Comuns, Ernest Urtasun, denunciaba que la prórroga "es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar”. Tras expresar su “rechazo", criticaba a la parte socialista del Ejecutivo por haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".

Más contundentes aún eran desde Podemos, cuyo secretario de Organización, Pablo Fernández, tildaba de “auténtica vergüenza” la decisión. Y desde Unidas por Extremadura, su diputado en la Asamblea autonómica, Juan Schirinzi, hablaba de una “patada para adelante” del Gobierno de Sánchez. "Tendremos que darle una posibilidad a la comarca de Campo Arañuelo para que no sean dependientes de infraestructuras que ponen en peligro su vida o de infraestructuras que ya están caducas", indicaba.