La protección al pequeño propietario distancia el acuerdo

Fuentes del Gobierno español justifican la ratificación express de la convalidación de los dos decretos al viernes porque es lo adecuado, "dado que no se puede alargar la espera de la gente que se moviliza en la calle". También perciben que, en esta ocasión, hay mimbres para lograr una mayoría sobre el grueso del paquete acordado en el Consejo de Ministros y que hay que aprovechar esa oportunidad cuanto antes. 

No obstante, esta maniobra de última hora de Sumar de renegociar el acuerdo que había planteado el lunes el PSOE no ha gustado nada en Junts. De hecho, la portavoz de la formación catalana en el Congreso, Míriam Nogueras, ha culpado a la formación minoritaria del Ejecutivo Sánchez de "vetar la protección del pequeño propietario", aunque ha matizado que siguen abiertos para llegar a un acuerdo con el Gobierno español. Una línea roja que comparte también el PNV que ha dejado claro por boca de su portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi que "no son iguales y no los podemos tratar igual".

Proteger al pequeño propietario

Nogueras ha explicado que se alcanzó un primer acuerdo con el Ministerio de Vivienda pero que el lunes por la tarde "cambió todo" en lo que se refiere a la protección de pequeños propietarios de vivienda. "Hace falta serenar toda la situación y que se empiece a trabajar con rigor", ha advertido.

Según Nogueras, el acuerdo está cerrado para impedir desahucios en el caso que la propiedad sea de un "fondo buitre de alguien que está gestionando millones de euros", pero Junts y el PNV exigen que haya una protección en el caso de pequeños propietarios, ya que son "mayoritarios" tanto en Catalunya como en Euskadi.

"Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario", ha continuado Nogueras, que ha sido preguntada en varias ocasiones cómo define Junts quién es pequeño propietario. "No es tremendamente sencillo", ha contestado la diputada.

Desde el Gobierno español se asegura que el trabajo, según relatan, no ha terminado y seguirá la interlocución con los grupos de cara la votación del próximo viernes. No obstante, el optimismo se instala en las filas gubernamentales al considerar que es "muy complicado, con este clamor social, que grupos como Junts puedan oponerse y arriesgar a sufrir un fuerte coste político por ello". Lo mismo piensan de Podemos, que en el flanco de la izquierda se ha mostrado muy crítico con unos decretos que ha tachado de "parche".

Aparte, asumen que propiciar esta votación en el Congreso en dos días es un elemento de presión para los grupos, que tienen que retratarse con una fuerte movilización en la calle y también da un mensaje a los colectivos sociales, a los que se le da un horizonte temporal rápido para que decidan si extienden más sus protestas como las acampadas de activistas. 

En este sentido, desde Sumar consideran que el contenido de los dos decretos es nítidamente de izquierdas y rebaten que el texto que incluye la mayoría de actuaciones sea una concesión a Junts o al PNV, puesto que las bonificaciones a caseros quedan opacadas por la prórroga de contratos del alquiler, la regulación del alquiler vacacional y la cláusula antidesahucios, materias que ambos grupos están dispuestos a apoyar. De hecho, ya figuran en el listado de medidas que el Grupo vasco envió antes de las vacaciones de verano al Ministerio que dirige Isabel Rodríguez.

Entre los grupos políticos se extiende la idea de que los dos decretos han salido para "aprobar" el primero el Congreso mientras que el otro será tumbado y "frustrar" así a la izquierda.