El 50,6% de las personas que viven de alquiler no tendría ingresos suficientes para acceder hoy al mercado sin destinar más del 30% de sus recursos a la renta, según el estudio de Cáritas Española La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia.
La organización advierte de que quienes quedan fuera del mercado ordinario se ven obligados a buscar habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o viviendas en malas condiciones. La situación afecta especialmente a hogares jóvenes, monoparentales, personas migrantes y familias con ingresos bajos o inestables.
La secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, ha señalado que el desajuste entre los precios, los ingresos de los hogares y la falta de alternativas asequibles convierte el acceso y el mantenimiento de la vivienda en una barrera estructural.
Una habitación como única vivienda
En 2025, una de cada cuatro personas atendidas por Cáritas, un total de 266.435, recurrió al realquiler de habitaciones como solución habitacional.
La entidad alerta de que estos acuerdos, frecuentemente informales o sin contrato, generan inseguridad, dificultades para empadronarse y riesgo de expulsión inmediata. Además, las restricciones para utilizar espacios compartidos pueden convertir la habitación en el único lugar para comer, estudiar, trabajar o cuidar de los hijos.
El sociólogo de FOESSA Thomas Ubrich ha advertido de que estas soluciones, que deberían ser transitorias, tienden a prolongarse y cronificarse.
Siete de cada diez tampoco podrían comprar
El estudio calcula que el 69,5% de los inquilinos no alcanza los ingresos necesarios para acceder a la compra en el escenario analizado. El modelo toma como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados y estima que serían necesarios 40.756 euros de ahorro previo y unos ingresos mensuales mínimos de 2.438 euros.
Cáritas subraya que las dificultades varían según el territorio. En Euskadi, compra y alquiler presentan tensiones similares, mientras que en Nafarroa el alquiler aparece como la opción relativamente más problemática.
La organización reclama más alquiler social público, regulación en zonas tensionadas y financiación responsable para hogares con ingresos medios pero sin ahorro. También pide adaptar las políticas a cada territorio, sin limitar la respuesta al aumento de la construcción.