La ley de violencia vicaria prevé suspender la patria potestad a padres condenados

"Una de las formas más crueles y devastadoras de violencia de género, en la que se instrumentaliza a los hijos e hijas, u otras personas del entorno afectivo de la víctima, con el objetivo de causarle el mayor daño posible". Así define el anteproyecto de ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros a la violencia vicaria. El Estado "da un paso muy importante en materia de protección de las víctimas", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras incidir en que es un borrador "riguroso en lo técnico" y que prevé aprobarse en esta legislatura.

Tras una primera versión ratificada en septiembre de 2025 y meses de negociaciones entre los tres ministerios implicados en la elaboración de la ley, Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, este nuevo anteproyecto tiene como finalidad "visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria" y, para ello, el texto aprobado modifica hasta diez normas, entre ellas la obligación de escuchar a los menores antes de decidir sobre su guarda y custodia.

Redondo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley, pionera a nivel europeo, viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares ante un tipo de violencia que es "de género" y que busca "causar dolor o sufrimiento a la mujer" a través de sus hijos o personas allegadas.

El borrador, aprobado en segunda vuelta, modificará el Código Civil para la privación automática de la patria potestad en caso de sentencia condenatoria firme por determinados delitos graves contra los hijos o contra la mujer, e incluso si existen indicios fundados de violencia, y solo se podría recuperar si se produce una cancelación completa de los antecedentes penales.

"Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre", ha sostenido Redondo, que ha defendido la necesidad de "dar congruencia" y una respuesta "armonizada" en las jurisdicciones de civil y penal, para evitar situaciones que generan "mucho dolor" a las víctimas por tener que seguir manteniendo una constante relación con el agresor.

Además, otro de los cambios que contempla es introducir límites al ejercicio de la guarda, custodia y régimen de visitas, que se suspenderán incluso cuando haya un procedimiento por violencia vicaria o violencia de género, y también será obligatorio escuchar a los menores de edad con el auxilio de especialistas cuando sea necesario. Solo cuando sea inviable, se hará a través de sus representantes legales, cuando no haya conflicto de intereses.  

Agravante de género

La ministra de Igualdad ha explicado que se han introducido variaciones en el Código Penal, como el agravante de género. Redondo ha precisado que la recomendación de los informes es que, al ser un delito de tipo genérico el que pretendían incluir en la primera ronda, "podía recaer pena por violencia vicaria sobre las mujeres". Ante las "dudas" y los "problemas" de interpretación normativa que generaba, ha añadido que decidieron desterrar la primera posibilidad y ha subrayado que "la víctima es la mujer, no hay otra posibilidad".

Asimismo, incorporará una nueva pena accesoria que consista en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido para evitar lo que ocurrió con el caso Bretón. "La violencia vicaria se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y, por lo tanto, domina su propiedad hasta el punto de hacer el máximo daño sobre sus hijos e hijas", ha incidido.

Respecto a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el documento incluirá de forma expresa como una situación de riesgo la exposición de los menores de edad a la violencia vicaria. Por otro lado, el texto incluye la posibilidad de que madres víctimas de violencia vicaria puedan sustituir los apellidos del hijo fallecido y evita situaciones como que un maltratador pueda llegar a cobrar pensiones derivadas de la situación de la víctima.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG) ampliará el abanico de víctimas en la definición jurídica de violencia vicaria al añadir mayores con discapacidad sujetas a su tutela, curatela, acogimiento o guarda y custodia, o a otras medidas de apoyo; y también entran en la descripción familiares o allegados menores de edad; sobre los ascendientes o hermanos y hermanas de esta; o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

Por el contrario, el texto final ha rechazado incluir a las mascotas dentro de esta definición. No obstante, el Ejecutivo confía en que los animales de compañía puedan reincorporarse durante el trámite de enmiendas en el Congreso. Con todo, se ha recordado que el Código Penal ya castiga en su artículo 340 el daño a los animales para perjudicar a la pareja, por lo que se le podría aplicar la nueva agravante de género.