El Ministerio de Hacienda defiende que el uso de créditos presupuestarios sobrantes de fondos europeos para el pago de pensiones en 2024, cuestionado por el Tribunal de Cuentas, cuenta con "un respaldo legal claro", ya que se enmarca en la adaptación realizada para prorrogar las cuentas de 2023 a 2024.
En la declaración de la cuenta general del Estado de 2024, el Tribunal de Cuentas detectó incidencias en el uso de fondos europeos "sobrantes" para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, algo que la Comisión Europea ya ha dicho que va a analizar.
Respaldo legal claro
La propia declaración incluía alegaciones de varios ministerios, entre ellos el de Hacienda, que defiende que su actuación cuenta "con un respaldo legal claro", por lo que no comparte la salvedad formulada por el Tribunal de Cuentas. En estas alegaciones, Hacienda explica que la ley de presupuestos de 2023 permite al Gobierno español transferir créditos entre secciones, incluidas las partidas de fondos europeos, con el objetivo de garantizar su correcta absorción.
A esto añade que el Plan de Recuperación es plurianual y la Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que "existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos".
Así, los créditos consignados en el presupuesto para financiar estos hitos y objetivos se recogen en el denominado servicio 50, que cada año está dotado con una cantidad distinta que varía en función de los gastos previstos. Como no se aprobaron presupuestos nuevos para 2024, sino que se prorrogaron las cuentas de 2023, el marco presupuestario de 2024 iba a contar con la misma dotación para fondos europeos que en 2023, aunque sus necesidades fueran distintas.