La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SL y el director general del club, José Ángel Sánchez, no son responsables de ilícito penal alguno en relación al exceso de ruido en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, anunció este miércoles la entidad madridista.
La sección tercera de la Audiencia de Madrid ha estimado íntegramente los recursos del club y de su director general, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, para el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal, según el club.
La entidad señaló en un comunicado que la Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente, conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011.
Añade asimismo que "la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal".
"Carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella"
"El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L", apuntó el club. También reiteró "su plena confianza en la administración de justicia y seguirá colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario".
Exterior del Bernabéu.
El Real Madrid y Sánchez presentaron recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que el pasado enero ordenó la tramitación de las diligencias por procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, por entender que había "indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos", concretamente delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.
Los vecinos: "Esto no ha terminado"
La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar la causa abierta contra el Real Madrid. Enrique Martínez de Azagra, presidente de la asociación, ha manifestado a Europa Press que respetan la resolución judicial pero no están de acuerdo con la misma. "Esto no ha terminado", ha aseverado.
El presidente de la asociación ha defendido que el Real Madrid, como propietario y gestor del recinto, obtuvo "un beneficio económico por el alquiler del espacio y conocía desde el inicio el impacto acústico que estaban generando los eventos".
Según ha recordado, desde los primeros conciertos se registraron cientos de denuncias vecinales, hasta 500, por el elevado volumen del sonido y las molestias ocasionadas. Asimismo, ha destacado que los conciertos acabaron suspendiéndose semanas después, cuando ya existía una querella criminal admitida a trámite y el conflicto había adquirido una importante dimensión judicial.
En este sentido, sostiene que el propietario del estadio no puede desvincularse de la actividad desarrollada en el recinto, ya que "si no se cede el espacio, el problema no existiría".
Querella de la asociación vecinal
La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la citada asociación de vecinos que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre del año anterior.
El listado incluía recitales de artistas como Taylor Swift, Manuel Carrasco, Karol G o Duki, además de espectáculos como La Velada del Año, promovida por el 'streamer' Ibai Llanos.
La asociación querellante presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto efectuadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros. El juzgado rechazó investigar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al concejal delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, contra quienes también se dirigía la querella.