La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha remitido una carta a la Fiscalía General del Estado para pedirle que actúe ante los cambios de sexo registral realizados por investigados por violencia machista. La organización feminista sostiene que la aplicación de la denominada ley trans está teniendo consecuencias en determinados procedimientos por violencia de género. Según denuncia, cuando un investigado pasa a figurar legalmente como mujer, pueden verse afectados los derechos y los mecanismos específicos de protección de la víctima.
Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que identifique, cuantifique y evalúe los procedimientos en los que un hombre investigado por ejercer violencia contra su pareja o expareja haya rectificado su sexo registral. También pide analizar las consecuencias que este cambio puede tener sobre la competencia judicial y la protección de las mujeres afectadas.
La Alianza reclama además que la Fiscalía establezca, mediante una instrucción, circular o criterio general, unas pautas homogéneas de actuación que garanticen que ninguna víctima pierda la cobertura reconocida por la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como consecuencia de la rectificación registral de su agresor.
Más de 120 casos identificados
La organización asegura haber identificado más de 120 casos en los que el cambio de sexo registral estaría neutralizando medidas de acción positiva destinadas a las mujeres y provocando la pérdida de protecciones específicas reconocidas a las víctimas de violencia machista. Según ha explicado, existen procedimientos en los que el sexo registral del agresor termina prevaleciendo sobre la circunstancia que dio origen al sistema judicial especializado: la violencia ejercida por un hombre contra una mujer en el ámbito de la pareja o expareja.
“El resultado es paradójico. El Estado mantiene un sistema especializado para proteger a las mujeres frente a esa violencia y, al mismo tiempo, una modificación registral realizada al amparo de otra ley provoca que determinados hechos queden fuera de ese mismo sistema”, ha denunciado. La Alianza considera que este conflicto puede resolverse interpretando que la ley integral contra la violencia de género opera sobre el sexo del agresor y de la víctima, con independencia del sexo que posteriormente pueda constar en el Registro Civil.
“La ficción jurídica creada a efectos registrales no puede modificar la realidad material sobre la que el legislador construyó el sistema de protección frente a la violencia contra las mujeres ni convertir en jurídicamente irrelevante el sexo del agresor. Mucho menos puede producir como consecuencia que una mujer pierda derechos precisamente porque el hombre que la agrede ha pasado a figurar registralmente como mujer”, ha subrayado la organización.