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La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El acceso a un hogar, tanto en propiedad como en alquiler, lleva años ganando peso entre las inquietudes de la población y continúa ocupando los primeros puestos en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En abril de 2026, el 41,3% de los encuestados señalaba la vivienda como el principal problema del Estado.
En este contexto, hay localidades que mantienen modelos de vivienda pública muy alejados de los precios habituales del mercado. Una de ellas está en Sevilla. Se trata de Marinaleda, un municipio de unos 2.500 habitantes que cuenta con un sistema de alquiler social desarrollado durante décadas y que actualmente permite acceder a determinadas viviendas por entre 15 y 24 euros al mes, dependiendo de la promoción.
Pero detrás de estos alquileres reducidos existe un modelo concreto: las viviendas son de titularidad municipal, se mantienen en régimen de alquiler indefinido y los propios arrendatarios participan en su construcción.
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300 viviendas con alquiler social
Marinaleda cuenta con alrededor de 1.000 viviendas, de las que unas 300 están destinadas a este modelo de alquiler social. Se trata de casas unifamiliares que, según explicó el alcalde, Sergio Gómez, al diario El Español, pueden tener dos plantas, alrededor de 100 metros cuadrados y jardín.
El precio no es único para todas ellas. Actualmente, las rentas se sitúan entre los 15 y los 24 euros mensuales, dependiendo de la promoción, una cantidad que el Ayuntamiento considera simbólica. Las viviendas están planteadas para permanecer en alquiler de manera indefinida.
El sistema presenta una diferencia fundamental respecto al funcionamiento habitual del mercado inmobiliario: el inquilino no compra la vivienda ni puede venderla posteriormente. El objetivo es que el inmueble permanezca dentro del parque municipal y pueda ser utilizado por los vecinos que cumplan las condiciones establecidas. Cuando una familia deja de necesitar la casa, esta puede volver a quedar disponible para otro residente que reúna los requisitos.
Los propios vecinos participan en la construcción
Uno de los aspectos más llamativos del modelo de Marinaleda es el sistema de autoconstrucción. El Ayuntamiento dispone de diferentes programas para levantar las viviendas y, en uno de ellos, los futuros inquilinos pueden participar directamente en los trabajos de construcción.
No es necesario ser profesional de la construcción para formar parte del proceso. Según explicó el alcalde, los vecinos pueden desempeñar diferentes tareas en función de sus conocimientos y capacidades. El objetivo, según el regidor, es acelerar el proceso de construcción, mientras que la participación de los futuros residentes también permite descontar parte del coste asociado a la vivienda.
El sistema se apoya además en recursos municipales. El Ayuntamiento proporciona los medios necesarios para desarrollar las promociones y también interviene en la adquisición de materiales y en la organización de las obras.
Empresas locales y ausencia de constructoras privadas
Otro de los elementos característicos del modelo es la participación empresarial. Según el Ayuntamiento, las promociones no se desarrollan mediante grandes constructoras privadas externas, sino que se trabaja con empresas locales.
Esta experiencia lleva casi cinco décadas en pie. Una utopía comunista ideada por Juan Manuel Sánchez Gordillo, en una localidad con más de tres décadas de gobierno de izquierdas, que tiene una manera muy peculiar de gestionar la vivienda pública.
El alcalde defiende esta fórmula como una manera de mantener la actividad económica vinculada a la propia localidad. En palabras de Sergio Gómez, el propósito es "combatir la especulación".
Esta particularidad forma parte de un modelo municipal que se ha mantenido durante décadas y que vincula la política de vivienda con la gestión pública del suelo y la construcción de los inmuebles.
Requisitos para acceder a una vivienda
No cualquier persona puede acceder automáticamente a una de estas casas. El Ayuntamiento establece una serie de condiciones para los vecinos que quieran entrar en el programa.
Uno de los requisitos es estar empadronado en Marinaleda durante al menos dos años. Además, el solicitante no puede tener otra vivienda en propiedad.
Las condiciones también afectan al uso posterior del inmueble. La vivienda no puede comprarse ni venderse libremente en el mercado, ya que permanece vinculada al sistema municipal de alquiler. De esta forma, el inmueble no entra en el circuito habitual de compraventa inmobiliaria.
Las viviendas sí pueden pasar de padres a hijos cuando se cumplen los requisitos establecidos. Por tanto, aunque no existe una propiedad privada convencional sobre el inmueble, sí hay mecanismos para mantener el uso de la vivienda dentro de la familia.
Un alquiler bajo, pero con otros gastos
Además del alquiler, los residentes deben hacerse cargo de los gastos habituales asociados al inmueble, entre ellos los suministros. También deben asumir los impuestos correspondientes, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), además de los recibos de agua y electricidad.
Por tanto, la particularidad del sistema no consiste en que vivir en una de estas casas tenga un coste total de 15 euros al mes, sino en que la renta del alquiler es muy inferior a la de una vivienda convencional y permanece estable dentro de este modelo municipal.
La diferencia es especialmente relevante porque las viviendas no se ofrecen para obtener una rentabilidad en el mercado, sino para garantizar su uso residencial dentro del municipio.
La localidad está a apenas 100 kilómetros de Sevilla y 85 de Córdoba.