El PP pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ por dudas sobre la concesión de nacionalidades

El PP ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción del Ministerio de Justicia que desarrolla la denominada ‘ley de nietos’. La formación considera que su aplicación podría haber ampliado los supuestos para obtener la nacionalidad española y cuestiona que tanto las concesiones como la posterior incorporación de los nuevos ciudadanos al censo electoral se estén realizando con todas las garantías.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha anunciado la petición durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede nacional del partido. La dirigente popular ha sostenido que la resolución emitida la semana pasada por la Junta Electoral Central (JEC) resulta “bastante esclarecedora” sobre las dudas que rodean el procedimiento.

Según la interpretación de Ezcurra, la Junta Electoral ha puesto en cuestión algunos aspectos del proceso. Aunque reconoce que no posee competencias para revocar leyes, la responsable popular considera que el órgano electoral entiende que la instrucción del Ministerio se “extralimita” y solicita a la Oficina del Censo Electoral que aclare, mediante criterios homogéneos, cómo debe efectuarse la adscripción de los nuevos electores a una circunscripción.

Un informe sobre el voto exterior

La resolución de la JEC a la que se refiere el PP, fechada el pasado 16 de julio, solicita a la Oficina del Censo Electoral un informe completo sobre la aplicación de la conocida como ‘ley de nietos’ y sobre el voto por correo de los españoles residentes de forma permanente en el extranjero.

El órgano electoral también reclama que se elabore una instrucción con criterios precisos para determinar el municipio en el que deben quedar inscritos estos ciudadanos a efectos electorales. La cuestión resulta relevante porque la circunscripción asignada establece en qué territorio ejercerán su derecho al voto quienes residen fuera de España.

Fuentes del PP han precisado que la iniciativa presentada ante la Secretaría de Estado de Justicia consiste en una petición de revisión de nulidad de oficio. Los populares sostienen que la instrucción cuestionada amplía los supuestos previstos para que los descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad española.

Justicia dispone ahora de un plazo de tres meses para responder a la solicitud registrada por la formación. La petición del PP no supone por sí misma la suspensión ni la anulación de la instrucción, sino que insta a la Administración a revisar su validez.

Críticas a las vacaciones de Sánchez

Durante la misma comparecencia, Ezcurra ha ampliado sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que julio tampoco le está dando “tregua” por las diferentes causas judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar.

La dirigente popular se ha referido a la condena de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, y a la confirmación de que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. También ha aludido a las declaraciones judiciales previstas esta semana dentro de las investigaciones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.

Ezcurra ha recordado que este lunes ha declarado ante la Justicia Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, y que también está previsto que lo hagan Joseba García, hermano de Koldo García, e Ignacio Zaldívar, antiguo alto cargo de Adif.

Asimismo, ha señalado que en la Audiencia Nacional declarará Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparecerá en una comisión de investigación del Senado.

“Cualquiera con dos dedos de frente pensaría que a Sánchez le espera una semana durísima, pero no”, ha manifestado Ezcurra antes de reprochar al presidente que vaya a disfrutar, según sus palabras, de “las vacaciones más largas de toda la legislatura”. La vicesecretaria del PP ha subrayado que corresponde a los jueces pronunciarse sobre las causas abiertas, aunque ha afirmado que la “sentencia política” la dictarán los españoles cuando Sánchez convoque elecciones.