El Gobierno vasco impulsará los juicios digitales, no presenciales

El Gobierno vasco tiene la intención de impulsar las actuaciones digitales en la administración de Justicia, con la celebración de procedimientos y juicios no presenciales. Este es uno de los objetivos del Plan de Justicia Digital 2021-2026 que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas sociales, Beatriz Artolazabal, presentará este martes en la reunión de Consejo del Gobierno vasco.

El objetivo de este plan es avanzar hacia una Justicia "altamente digitalizada, que sea más eficiente, menos costosa y que preste un mejor servicio" a la ciudadanía, según Artolazabal.

Uno de los principales hitos de este plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023, gracias, entre otras cosas, al convenio firmado por el Gobierno vasco con el de Navarra para la utilización de su sistema de gestión informática Avantius.

Gracias a esto se disminuirá "radicalmente" la justicia en papel y se impulsarán las actuaciones y juicios digitales, con actividades basadas en la inteligencia artificial, como, por ejemplo, la textualización de vistas videograbadas y un traductor neuronal judicial, ha explicado el director de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Javier Landeta.

Dentro del plan se contempla la creación de la "carpeta de la Justicia", un instrumento en línea con lo que es la Carpeta de la Salud de Osakidetza.

El plan afectará a alrededor de 250 jueces, a un centenar de miembros de la Fiscalía y a otros dos centenares de la Abogacía de la Administración de Justicia, además de a más de 2.300 personas dependientes del Gobierno vasco como personal de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, medicina forense y personal laboral.

Además se verán afectados casi 5.700 abogados, 330 procuradores, medio millar de graduados sociales y, de una manera más indirecta, más de un centenar de notarios y más de 40 registradores, sin contar con los miles de ciudadanos y entidades que se relacionan diariamente con la Administración de Justicia.

El Plan de Justicia Digital 2021-2026, que parte de una estimación inicial de inversión de unos 100 millones de euros, se basa en el trabajo para la actualización de las infraestructuras, tanto de las máquinas como de las redes de comunicaciones, la mejora de la seguridad de la información y la protección de datos para evitar ciberataques y proteger los derechos.