El asesino de Yolanda González trabaja como perito de Laura Borràs

“Indignación y hartazgo”. Es el sentimiento que recorre el cuerpo de Asier González, hermano de Yolanda González, asesinada en 1980 a manos de Emilio Hellín Moro, que desde 1996 se hace llamar Luis Enrique, y que ahora trabaja como perito informático propuesto por la defensa de la suspendida presidenta del Parlament Laura Borràs en su presunto caso de corrupción. Hellín e Ignacio Abad secuestraron el 1 de febrero de 1980 a la joven de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Tras llevarla a un descampado a las afueras de Madrid, el primero de ellos la descerrajó dos tiros y Abad la remató. Para el atentado, reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE), los dos contaron con la ayuda de un policía nacional, que vigiló el domicilio de Yolanda González. Hellín se refugió en Gasteiz, en casa de un inspector de Policía, pero a los siete días fue detenido y confesó alegando que pensaban que la chica era miembro de ETA, algo incierto.

A los siete años de estar encarcelado se fugó durante un polémico permiso de seis días estando en la prisión de Zamora. Huyó con su mujer y sus hijos a Paraguay, país sometido a la dictadura militar de Alfredo Stoessner, donde residió con total impunidad, prosperando en conocimientos de ingeniería informática. Nacido en 1947, era miembro de Fuerza Nueva cuando, en 1982, fue condenado a 43 años de cárcel, junto con otros cinco individuos pertenecientes al grupo 41 del BVE. La escapada le duró dos años, hasta que la revista Interviú descubrió su paradero. La Interpol le arrestó y fue entregado a España en 1990. Ya como Luis Enrique, tomó la paradójica decisión de dedicar su labor a la investigación criminal y judicial.

En 2013 se erigió en uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participaba en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, impartía cursos de formación a agentes, daba conferencias a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cobraba por sus servicios del Ministerio del Interior. Como ingeniero electrónico, su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales, servicios que prestó a la defensa de Cristina Cifuentes en el caso Máster. En su currículum figuran otros como la operación Malaya o el asesinato perpetrado por José Bretón contra sus hijos. Pero los acusados de corrupción son quienes más le buscan, como hizo un cliente de José Manuel Villarejo o quiso hacer el PP valenciano en el caso Imelsa.

“No es la primera vez que le contratan cuando es alguien que nunca se ha arrepentido y ni siquiera cumplió su condena. Es curioso cómo la posición con ciertas personas es tan ambigua. Puede parecer una excepción, pero es regla que le contraten las defensas y presuntos mafiosos de la política”, lamenta el hermano de Yolanda González. “Es triste que algunos representantes institucionales no se pronuncien por ello”, se sincera.

Fiscalía pide que sea apartado

En este escenario, la Fiscalía ha pedido esta vez que sea apartado del caso Borràs impugnando la prueba pericial propuesta por Gonzalo Boye, abogado de la dirigente de JxCat, al considerar que la gravedad del crimen cometido por el perito condiciona su “fiabilidad y credibilidad”. El ministerio público ha solicitado a la Policía que remita a la causa el informe sobre la emisión del DNI del perito y también ha reclamado al Registro Civil la copia de su certificación de nacimiento. Boye alega que los dos peritos de la defensa han sido contratados en una “decisión técnica”, porque “son los mejores”. “A la fiscal, dice el letrado, “no le molesta el pasado de uno de los peritos sino las conclusiones a las que llegan”, añade en un tuit, que remata con la etiqueta “cortina de humo”. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado el pasado asesino de Emilio Hellín: “Que se sepa”.