El abogado del TJUE avala el uso de datos personales para perseguir delitos en Internet

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves que, ante direcciones sospechosas de vulnerar la propiedad intelectual en Internet, los Estados accedan a los datos de identidad personal vinculados a los códigos IP, que reconocen a dispositivos en la red, para descubrir quien hay detrás de esta actividad en línea.

Esta solución se ajusta al "requisito de proporcionalidad" y respeta los derechos fundamentales garantizados por la Carta de la Unión, tal y como se desprende de su hoja de conclusiones emitida en un comunicado, según el letrado polacao Maciej Spuznar.

Para el abogado general del TJUE, el Derecho comunitario da cabida a aquellas medidas que pretenden retener "durante un período de tiempo limitado al mínimo estrictamente necesario" las direcciones IP vinculadas a una conexión a Internet, cuando hay la sospecha de delitos en línea, con el objetivo de garantizar su "prevención, investigación, descubrimiento y enjuiciamiento".

En este sentido, el letrado Spuznar defiende que las direcciones IP son "el único método de investigación" que permite "identificar a la persona a la que se atribuyó esa dirección en el momento en que se cometió el delito" en el ámbito digital.

Justifica, además, la obtención de datos de identidad personal vinculados a una dirección IP para perseguir vulneraciones de la propiedad intelectual salvo, aseveró, "que se acepte la impunidad general de los delitos cometidos exclusivamente en línea".

El abogado publicó estas conclusiones tras analizar una cuestión prejudicial que deberá dirimir próximamente la Justicia europea, en la que el Consejo de Estado de Francia pregunta al tribunal de Luxemburgo sobre el alcance del control previo de las direcciones IP por parte de un Estado y, en particular, si los datos de identidad civil vinculados también puede controlarse.

El Consejo de Estado francés estudia la demanda de cuatro asociaciones de su país en defensa de los derechos y libertades en Internet, que rechazan un decreto gubernamental que, para proteger determinadas obras intelectuales en la red, establece un tratamiento automatizado de datos personales.

En base a este tratamiento, los usuarios que, a ojos de las autoridades, cometen una "negligencia grave" al pasar por alto que su acceso a Internet se utiliza para vulnerar derechos de patente reciben una serie de advertencias que, en la legislación francesa, están previstas dentro del Código de Propiedad Intelectual.

Las asociaciones demandantes alegan que esta norma autoriza el acceso a los datos de conexión "de forma desproporcionada" por infracciones del derecho de autor cometidas en Internet que, a su juicio, "no revisten gravedad" y denuncian que esto se haga "sin un control previo por parte de un juez o de una autoridad que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad".

Llegados a este punto, el Consejo de Estado francés constató que para que las autoridades pudieran enviar estos avisos a las personas que supuestamente atentaban contra la propiedad intelectual en Internet, quedaba acreditado que, antes, habían recogido "una cantidad considerable de datos relativos a la identidad civil de los usuarios de que se trata".

Entonces, el Consejo de Estado, que actúa como asesor jurídico del Gobierno y como tribunal supremo de justicia administrativa en Francia, decidió elevar una cuestión prejudicial a Luxemburgo para que los magistrados europeos delimitaran el alcance del control de los datos en Internet que podían realizar las autoridades.

Asimismo, el escrito de conclusiones presentado este jueves por el abogado general del TJUE no es vinculante, y solo supone una propuesta que guiará a los jueces comunitarios para emitir, más adelante, un veredicto final tras sus deliberaciones.

Además, al ser una cuestión prejudicial, la sentencia final del Tribunal de Justicia de la UE tampoco servirá para resolver el litigio, ya que, tras su veredicto, el caso volverá a la justicia francesa para que resuelva el caso basándose en la posición de los magistrados europeos.