Dos investigados por apropiarse de más de 100.000 euros de una anciana de 98 años

La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Navarra ha abierto una investigación a dos personas, un hombre y una mujer de 55 y 53 años respectivamente, como presuntos autores de dos delitos de administración desleal y apropiación indebida por haberse apropiado de más de 111.000 euros de una mujer de 98 años que reside en una residencia y que quedó en una situación económica "muy precaria". 

La investigación se inició después de que una trabajadora social alertara de la precariedad económica que sufría la mujer. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela abrió diligencias por el caso y el estudio patrimonial realizado permitió detectar un desvío económico superior a 111.000 euros, a través de extracciones en efectivo, transferencias bancarias. Los investigados también vendieron a un precio inferior al de mercado un inmueble propiedad de la víctima. 

Enriquecimiento propio

Los investigados se amparaban en un poder notarial de administración patrimonial para realizar las transacciones. La investigación, en la que colaboraron la Hacienda Foral de Navarra, acreditó que los investigados "incumplieron gravemente las obligaciones de administración fiduciaria, beneficiándose personalmente del patrimonio de la víctima".
Así, "teniendo la capacidad y la facultad para administrar el patrimonio de la víctima", la conducta de estas personas "infringe las facultades de administración, extralimitándose en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio, sin la diligencia y lealtad que se exige, causándole además un grave perjuicio económico".

Por ello, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tudela investiga a esta pareja, de nacionalidad española y residente en un municipio de Navarra como presuntos autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Actualmente, la gestión de los bienes de la víctima ha sido encomendada a una fundación pública navarra de apoyo a personas con discapacidad, "garantizando así la protección de su patrimonio".