Aiaraldea se suma a la huelga por el derecho a una vivienda

Diversos colectivos sociales del Valle de Ayala, integrados en la plataforma SOS Aiaraldea, han llamado a sumarse a la huelga general que, por el derecho a la vivienda, hay convocada para mañana miércoles a nivel de todo el Estado. Lo han hecho en una comparecencia frente a las nuevas viviendas de protección oficial de la calle Federico Barrenengoa, en Amurrio, arropados por vecinos y representantes de diversos sectores socioeconómicos, entre ellos trabajadores de Tubos Reunidos y Maderas de Llodio, pensionistas, sanitarios y comerciantes.

En concreto, la protesta comarcal del 11-N tendrá como acto principal una manifestación que saldrá a las 18.00 horas desde la Herriko Plaza de Laudio, sumándose a las marchas que recorrerán las distintas comarcas por la tarde, tras las movilizaciones unitarias en las capitales durante la mañana.

A diferencia de la huelga de hace ocho meses en Hego Euskal Herria —centrada en el salario mínimo—, esta convocatoria sitúa el derecho a una vivienda digna en el centro de las reivindicaciones, tomando el testigo de los movimientos y acampadas iniciados en Madrid y extendidos a ciudades como Bilbao. En esta ocasión, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru han unido fuerzas con la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda.

Crisis inmobiliaria

En un vídeo grabado durante la comparecencia en Amurrio, SOS Aiaraldea denunció que la crisis inmobiliaria no es ajena a la comarca, sino que la está golpeando con crudeza, con una oferta de alquiler prácticamente inexistente y precios inasumibles.

Para reflejar la gravedad del problema, aportaron datos concretos de la zona tales como que se están cobrando precios abusivos con casos de “alquiler de habitaciones subalquiladas por más de 500 euros”, o que en la comarca hay más de 2.000 casas vacías. Prácticamente, el mismo número de personas que, en la zona, están inscritas en las listas de Alokabide y Etxebide.

Asimismo, remarcaron la existencia de un “racismo inmobiliario” y una brecha social que acentúa la precariedad de colectivos específicos, afectando de manera más severa a personas migradas y racializadas, mujeres, jóvenes y personas no heteronormativas.

Ante este escenario, los organizadores exigen medidas urgentes para “acabar con el rentismo y el negocio”. Entre sus peticiones a las instituciones públicas destacan la intervención directa en el mercado inmobiliario, la bajada de los precios de alquiler, la paralización de los desahucios, la prohibición de la especulación y la ampliación del parque público de vivienda.

De aquí la elección del punto donde decidieron lanzar la convocatoria: la promoción de 60 viviendas de protección social en régimen de alquiler, que se ha construido en la calle Federico Barrenengoa de Amurrio, cuya lista de adjudicatarios provisionales -tras concederse en febrero la licencia de primera ocupación- se publicó en julio, y aún está pendiente de completarse de forma generalizada la entrega de llaves y la firma de contratos. Unos ritmos que se antojan demasiado lentos, dada la alta demanda.