La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el dueño de Vitaldent

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión para el dueño de las clínicas Vitaldent, el empresario uruguayo Ernesto Colman, al que acusa de falsificar títulos de postgrado universitario a ocho alumnos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el martes próximo el juicio por esta causa en la que Ernesto Colman está acusado de supuesto delito de falsificación de documento oficial.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, la misma se dirige contra Ernesto Colman y contra las empresas Formación Vital y Open Dent, que eran las encargadas de explotar las clínicas que Vitaldent tiene repartidas por España.

Esta no es la causa principal que afecta a Colman y a Vitaldent, dado que el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional reabrió el procedimiento para que pueda abrirse juicio contra el empresario y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas de este grupo.

En la causa por la falsificación de títulos, el fiscal añade que en su condición de administrador único de Formación Vital el acusado celebró un contrato de formación con el Instituto de Formación, Actividades Complementarias y Eventos (IFACE) para organizar un curso de postgrado en cirugía, periodoncia, implantología y prostodoncia que sería impartido por el Centro de Estudios Superiores (CES) Vitaldent.

La Fiscalía señala que a lo largo de 2013 ocho personas celebraron un contrato de préstamo con Open Dent por un importe de 20.000 euros cada uno para poder realizar el curso de postgrado impartido por Formación Vital con una duración de dos años.

Agrega que en virtud de dicho contrato el prestatario podría devolver el capital prestado de manera mensual en doce meses a contar desde el mes siguiente a la finalización del curso u optar por prestar sus servicios en alguna de las clínicas del grupo.

Finalizado el curso el CES Vitaldent, "a sabiendas de que no eran auténticos", expidió a nombre de los ocho alumnos los correspondientes diplomas supuestamente acreditativos de la superación del mismo con el nombre y el anagrama de la Universidad de Córdoba.

Pero se trata de unos diplomas que no son reconocidos por esta universidad, señala el Ministerio Fiscal, que reclama que el acusado pague una indemnización de 20.000 euros a cada uno de los perjudicados.