El comité de huelga de Tubos Reunidos ha tomado la determinación de mantener el paro indefinido a la espera de la reunión prevista para este miércoles con la cúpula de la empresa. En este encuentro, la dirección tiene previsto comunicar formalmente los detalles sobre la entrada voluntaria en concurso de acreedores, una situación que abre un escenario de incertidumbre absoluta sobre el futuro de la planta.
De forma paralela, el conflicto laboral ha sumado un nuevo foco de tensión ya que el departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha ratificado la validez de la Asamblea de Trabajadores prevista para este jueves. Esta consulta, promovida por un grupo de empleados para decidir si se continúa con las movilizaciones, ha evidenciado la profunda fractura sindical en la compañía; mientras que las centrales ELA, LAB y ESK, que tienen mayoría en el comité, rechazan la legitimidad de la cita y abogan por seguir con la huelga, UGT y CC.OO. defienden el derecho de la plantilla a votar su futuro de forma directa.
El concurso de acreedores y la cita de este miércoles
La dirección y el comité se verán las caras este miércoles en dos reuniones : a las 10:30 horas en Amurrio y a las 16:30 horas en Trapagaran. El objetivo de los representantes de los trabajadores es que la empresa diga "la verdad" sobre un concurso de acreedores que la firma justifica por "tensiones de tesorería". Según la versión empresarial, estas dificultades se han visto agravadas por la paralización de la actividad en la planta alavesa debido a la huelga indefinida.
Sin embargo, desde el comité se denuncia que la dirección goza de una "credibilidad casi nula" y que la situación financiera responde a una gestión cuestionable y no a la huelga en la planta de Amurrio. Tubos Reunidos arrastra una deuda acumulada que supera los 260 millones de euros, una losa financiera donde destacan los 150 millones de euros adeudados a la SEPI y otros 50 millones al BBVA. Los sindicatos mayoritarios han calificado de "insuficiente" y poco "transparente" el papel de las instituciones y han arremetido contra la "avaricia" de los accionistas, insistiendo en que la plantilla no debe pagar los platos rotos de una crisis que no han provocado.
Pulso por la asamblea del jueves
Mientras se dirime el futuro mercantil de la empresa, el ámbito laboral vive su propio terremoto. La Inspección de Trabajo de Álava ha validado las 235 firmas -un 25% del censo total- presentadas por un grupo de trabajadores para convocar una asamblea extraordinaria este 7 de mayo. El objetivo de este sector de la plantilla es someter a referéndum la continuidad de la huelga contra el ERE. Pese a que los promotores han solicitado mantener su identidad en el anonimato, el Gobierno vasco ha dado el visto bueno legal a la convocatoria al considerar que cumple con los requisitos normativos.
Esta decisión ha sido recibida con hostilidad por la mayoría del comité formada por ELA, LAB y ESK, quienes han declarado la asamblea como "no válida". Para estos sindicatos, el hecho de que no se hayan aportado las firmas originales al comité invalida el proceso y consideran que aceptar esta votación sentaría un "precedente peligroso" que busca desactivar una lucha legítima. Han sido tajantes al advertir que un referéndum no puede, por sí mismo, cancelar una huelga, ya que "solo la pueden desconvocar los convocantes".
División sindical y el factor UGT y CC.OO.
La brecha entre las centrales es ahora mismo insalvable. UGT, que ya se había manifestado en contra de la huelga indefinida, ha hecho un llamamiento explícito a la plantilla para que acuda a la asamblea del jueves. Desde este sindicato defienden que "solo el conjunto de los trabajadores puede decidir sobre su futuro" y ven fundamental que cada operario exprese su opinión individual ante la gravedad de la situación.
Por contra, los sindicatos mayoritarios sostienen que la huelga sigue teniendo objetivos claros y justificados, y acusan a los promotores de la asamblea de querer arrebatarles el derecho a la negociación y a la movilización en un momento crítico. Para ELA, LAB y ESK, el problema no es la consulta en sí, sino la ausencia de soluciones reales por parte de una dirección a la que acusan de intentar que el erario público se haga cargo de sus deudas privadas.
Ramiro González apuesta por escuchar a la plantilla
En este escenario, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha querido aportar su visión institucional, posicionándose a favor de que la consulta se lleve a cabo. González ha subrayado que, dado que la iniciativa cuenta con un apoyo significativo de firmas, los trabajadores "tienen derecho a que la consulta se realice" para conocer la postura real de la plantilla en un momento donde el diálogo social es más necesario que nunca.
El máximo responsable foral considera que la entrada en concurso de acreedores debe verse como una "nueva etapa" que permita reestructurar la deuda y atraer a nuevos inversores. Según González, tanto las instituciones como los propios empleados son conscientes de que el objetivo primordial es garantizar la continuidad de Tubos Reunidos, y cree que la asamblea del jueves puede ser una herramienta útil para ordenar la situación y buscar una salida viable al conflicto.