PSOE y Sumar pactan un doble decreto de vivienda sin margen de negociación

In extremis. Las negociaciones de última hora entre el PSOE y Sumar apuraron cada minuto, provocando un retraso de más de una hora en el inicio del Consejo de Ministros, que arrancó pasadas las 10:30 de la mañana. El fantasma de un nuevo fracaso parlamentario sobrevolaba la coalición de gobierno. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace medio año, esta vez no hubo plantón de los ministros del socio minoritario. Todos los integrantes del Ejecutivo Sánchez cruzaron el umbral con un acuerdo cerrado bajo el brazo, pero con una fórmula arriesgada que evidencia la fragilidad de su mayoría: dividir las medidas urgentes de vivienda en dos reales decretos ley independientes. Una manera de separar lo que puede poner de acuerdo al bloque de la investidura y lo que choca con las pretensiones de Junts y PNV por un lado y de Sumar-Podemos, que sienten la presión de la calle y el Sindicato de Inquilinas acampados en la Puerta del Sol.

Precisamente esa presión social ha empujado al Gobierno español a solicitar formalmente al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes, en vez de esperar los 30 días para apurar las negociaciones. El objetivo de las fuentes de Vivienda y Agenda Urbana es la convalidación inmediata de ambos textos, defendiendo que el acuerdo alcanzado "protege los intereses y los derechos de la ciudadanía". No obstante, la estrategia de segmentar la reforma responde a un cálculo de pura supervivencia legislativa.

Un primer decreto de consenso: El muro contra la especulación

El primer real decreto concentra el paquete de medidas que, a priori, cuenta con mejores perspectivas de apoyo parlamentario. Esta norma incluye las principales reclamaciones de los colectivos sociales para blindar a los inquilinos frente a los abusos del mercado como la protección frente a desahucios ampliada hasta 2030, con lo que se prolonga el escudo social para familias en situación de vulnerabilidad económica y social, dotándolas de un colchón de seguridad de cuatro años adicionales. El segundo punto tiene que ver con la prohibición de compra por 'fondos buitre' hasta 2028. De esta manera se veta la adquisición de vivienda residencial por parte de firmas de capital riesgo y grandes tenedores extranjeros durante los próximos dos años. Otro de los puntos es la prórroga excepcional de contratos vigentes del alquiler. Así, los contratos de arrendamiento que expiren antes del 31 de diciembre de 2028 podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de dos años manteniendo las mismas condiciones. Por último se regula los alquileres de temporada y por habitaciones: Se obliga al arrendador a justificar de forma documental una causa "real, temporal y acreditable" para recurrir a estas modalidades de corta estancia, taponando la fuga de inmuebles del mercado residencial hacia fórmulas turísticas o de alquiler fraccionado.

Este bloque fue el que centró los últimos escollos de la negociación. El sector de Sumar batalló hasta el último minuto para incluir la regulación de las habitaciones, una demanda histórica del Sindicato de Inquilinos que actualmente lidera la acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid. Con esta inclusión, el socio minoritario dio su brazo a torcer en el Consejo de Ministros. Eso sí, no se aplicaría en Catalunya que tiene su propio regulación por Código Civil lo que podría atraer a Junts.

El segundo decreto: La prórroga automática bajo el foco del disenso

Sin embargo, el verdadero movimiento táctico de Moncloa ha sido el aislamiento de la renovación automática de los contratos de alquiler en un segundo decreto ley exclusivo. Esta medida, exigida activamente por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, establece que una vez finalizado el arrendamiento tradicional, el contrato se prorrogue de forma obligatoria para el propietario, limitando drásticamente su capacidad de recuperar el inmueble.

Al "trocear" la reforma, el PSOE intenta un control de daños parlamentario. El bloque que sustenta la investidura por el flanco compuesto por el PNV y Junts, ya han manifestado su rechazo frontal a este punto. Los socialistas confían en que sus socios apoyen el primer decreto y limiten su voto en contra al segundo, evitando así que naufrague todo el paquete social, como ocurrió hace seis meses cuando las medidas decayeron en las Cortes.

La defensa del pequeño propietario

Para el PNV y Junts, la renovación automática obligatoria supone una "invasión competencial" intolerable sobre el autogobierno autonómico y una desprotección flagrante de los particulares. El portavoz del Grupo Vasco, Joseba Díez Antxustegi, marcó una contundente distancia entre los fondos de inversión y la economía familiar de los barrios trabajadores: "A los que ponen en el mismo nivel a fondos buitres y pequeños propietarios, les decimos claramente que, si este decreto pretende conseguir eso, no va a tener el apoyo del PNV, porque no son lo mismo un fondo buitre y un pequeño propietario que alquila un piso en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz. No son iguales y no los podemos tratar igual, y eso es actuar de manera madura y responsable", declaró Antxustegi.

En una línea muy similar, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, avaló paralizar los lanzamientos si provienen de grandes carteras de inversión, pero rechazó que los pequeños propietarios asuman el coste social de la falta de vivienda pública sin recibir una compensación directa e inmediata por parte del Estado. La formación catalana exige que sea la Administración Pública la que abone de forma total y directa los alquileres sociales de las familias vulnerables para evitar lo que consideran una "expropiación temporal del uso de la vivienda" privada.

El pulso por la izquierda

En las filas de la izquierda del PSOE, el descontento se centra en los incentivos y bonificaciones fiscales en el IRPF diseñados por el Ministerio de Vivienda para los caseros que bajen los precios voluntariamente. Tanto Sumar como Podemos sostienen que es una vía para "transferir dinero público a las rentas altas y multipropietarios", y defienden que la única salida eficaz son los topes obligatorios sin compensaciones tributarias.

Además, la líder de Podemos, Ione Belarra, tildó de "parche y tomadura de pelo" la regulación documental del alquiler de temporada. Belarra exige la prohibición total de estos arrendamientos temporales en zonas tensionadas a menos que dispongan de una licencia municipal específica. Desde Podemos critican lo que consideran una "maniobra política cobarde" por parte del ala socialista para desentenderse de la previsible caída del segundo decreto el viernes y lavarse las manos ante el movimiento por la vivienda. El tablero político se traslada al Congreso, donde el viernes se decidirá si el escudo social resiste o se agrieta definitivamente.