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El Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto cumple su primer año de funcionamiento y la mayoría de solicitudes no han terminado en indemnización. Según los datos oficiales recabados por la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, FEDAVICA, solo 106 víctimas han sido resarcidas.
Este mineral se empleaba para la construcción hasta que se prohibió en 2001 por el riesgo que supone para la salud. Su exposición, que suele darse por inhalación, puede causar enfermedades como cáncer de pulmón y se ha cobrado la vida de cerca de 2.800 personas en Euskadi en los últimos 20 años.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 483/2025, 17 de junio de 2025, 474 personas trabajadoras afectadas por enfermedades derivadas de su exposición a este material fuertemente contaminante y altamente perjudicial para la salud presentaron una solicitud para que, en cierta parte, se les reparase el daño ocasionado por el amianto después de un largo proceso institucional que comenzó en 2013 en el Parlamento Vasco. Precisamente, se han reconocido 29 afectados por mesotelioma; 33, por cáncer de pulmón; 44, por asbestosis; y ningún caso por cáncer de laringe.
Ejecución del capital
La agrupación denuncia que solamente se han desembolsado 6,3 millones, cifra que "queda muy lejos" de los 25 millones asignados anualmente por los presupuestos, siendo "además el quinto año consecutivo que el dinero asignado quedará en las arcas del Estado".
Este bajo grado de ejecución del capital es la principal queja de las asociaciones de afectados, quienes avisan que el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto "no es coherente con la ley y el análisis de los datos analizados así lo demuestran".
El requisito que más está limitando la concesión de estas indemnizaciones es que los afectados tienen que tener previamente "un reconocimiento administrativo o judicial de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional", aclara la federación. Asimismo, Jon García, extrabajador de la planta de CAF en Beasain y representante de ASVIAMIE, la Asociación Víctimas Amianto Euskadi, explica que "el Real Decreto no ha respetado el espíritu de la ley y lo que dice la ley; solo queremos que sea un fondo para todas las víctimas, tanto las que tengan una invalidez permanente reconocida como las que no, y también para las víctimas ambientales".
Además, el cobro de las indemnizaciones no gozará de exenciones fiscales como otros colectivos de víctimas en similares circunstancias, salvo en la CAV y Nafarroa, donde las Haciendas Forales "han sido receptivas a nuestra petición", detallan.
Expedientes aprobados por CCAA
Por otro lado, destacan que "es reseñable la diferencia de expedientes aprobados entre las Comunidades Autónomas"; así, el País Vasco ha obtenido el 43,14% de los expedientes aprobados, seguido de la Comunidad Valenciana con el 21,82%, "cifras que no se corresponden con el número de afectados, según podemos deducir del número de trabajadores incluidos en los listados a los que se les hace un seguimiento médico por haber estado en contacto con el amianto, que alcanza, según la memoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023, el dato de 70.842 trabajadores, de los que tan solo el 12,67% corresponden al País Vasco y el 5,53% a la Comunidad Valenciana", explican las víctimas.
El primer año de funcionamiento deja así un fondo con 474 solicitudes tramitadas, 106 indemnizaciones abonadas y 344 expedientes sin compensación reconocida. "Por dicho motivo exigimos al Gobierno que se haga justicia modificando el Real Decreto 483/2025 de 17 de junio", sentencia FEDAVICA.