La huelga del 11-N, una convocatoria también con tintes sociales

La huelga general convocada para el próximo miércoles constituye una de las convocatorias de paro con más matices de la historia reciente. Y lo es por la amplitud de los motivos esgrimidos por los sindicatos y otras organizaciones convocantes, al mismo tiempo que en Euskadi aparecen superpuestas otras circunstancias que llevan la apelación a la huelga a un plano que va más de allá de las reivindicaciones relativas a la vivienda e inciden en demandas sobre, principalmente, los salarios. En todo caso, se trata de una huelga que no se ciñe a lo estrictamente económico, sino que abarca cuestiones más sociales, algo que ya se vio en la convocatoria de paros parciales generales con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8-M, del año 2018, que se saldó con un enorme éxito y supuso un nuevo impulso para el movimiento feminista.

A nivel estatal, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han augurado un “gran éxito” de la huelga general del 11 de noviembre, con un ritmo de adhesiones “cada vez más alto”. Se trata de una huelga que “a todas luces será un éxito importantísimo. Va a haber un antes y un después”, señaló Álvarez en una comparecencia la pasada semana. Ambos dirigentes han descartado que sus sindicatos, los más importantes, estén actuando a rebufo de las organizaciones sectoriales que han encabezado las protestas contra la crisis de vivienda, como el Sindicato de Inquilinas.

Sin embargo, los dos sindicatos incluyen también en sus manifiestos reivindicaciones relativas a los salarios y los precios, con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como la otra gran arista. Así, el líder de UGT ha manifestado que la huelga “va dirigida a la CEOE” y contra su bloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que permitiría subidas de sueldos: “La CEOE lleva más de un año haciéndose la remolona”, ha lamentado. Los desacuerdos entre la CEOE y los sindicatos se llevan arrastrando a lo largo de 2026, con un clima en el diálogo social muy distinto al de 2021, cuando se aprobó la reforma laboral, o de 2023, cuando incluso con una fuerte inflación se logró pactar el AENC.

Patronal y sindicatos difieren en la inclusión de determinados complementos salariales en el SMI. La CEOE considera que las cláusulas de absorción y compensación pactadas en los convenios colectivos ya permiten convertir en subidas automáticas de salario parte de algunos pluses genéricos de la nómina, como el transporte o la nocturnidad, pero los sindicatos consideran que esos complementos deben ser tenidos en cuenta per se y desligarse de la negociación de los incrementos salariales, que deberían obedecer a las subidas del IPC, también a nivel general para todos los trabajadores. No obstante, los agentes sociales también pero también han chocado por asuntos como las bajas laborales, el control de horarios, la reducción de jornada, los planes de pensiones de empresa y la normativa sobre trasparencia salarial interna en cada empresa.

Los lemas escogidos por las centrales ilustran la variedad de circunstancias que rodean la huelga, y que van más allá de aspectos económicos y laborales, con la ampliación de derechos sociales y la defensa de los servicios públicos como otra de las demandas. “Exigimos salarios dignos y un reparto justo de la riqueza. Reclamamos una subida del SMI de, al menos, un 7% en 2027. Demandamos medidas para frenar la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público y garantizar el acceso a una vivienda digna. Ante la falta de acuerdo con la CEOE, reclamamos avances reales en la negociación colectiva y que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras para las personas trabajadoras”, subraya el manifiesto de UGT. Por su parte, CC OO señala que “la huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna”. El paro del miércoles es un llamamiento a vivir dignamente, a no dejarnos la salud en el trabajo, a no ser estigmatizados por empresarios carentes de ética cuando enfermamos, a que nuestras preocupaciones por llegar a fin de mes y no ser desahuciadas no nos aboquen a la enfermedad mental”, añaden.

En Euskadi y Nafarroa, por su parte, la convocatoria del paro la realizan, además de las dos centrales de ámbito estatal, ELA y LAB, además de otros sindicatos sectoriales y de vivienda. Sin embargo, al igual que en otras ocasiones, no ha existido concertación entre los sindicatos nacionalistas y los del Estado. El llamamiento que lideran ELA y LAB incide en que es necesario “garantizar el derecho a la vivienda y decir no a la especulación”. En este sentido, destacan que llaman a “luchar contra el empobrecimiento de la clase trabajadora, a favor de la subida de los salarios y en defena de unos servicios públicos universales y de calidad que garanticen los derechos de todas las personas”. “La vivienda debería ser un derecho garantizado y de carácter público, al igual que la sanidad y la educación. Sin embargo, el principal obstáculo para conseguirlo es el negocio que se hace con ella”, dicen las organizaciones, que ponen en el punto de mira “la especulación y el rentismo”. Ade,ás, el manifiesto pide “la suspensión de todos los desahucio y la bajada de los precios del alquiler”.

– NTM