Los organismos públicos aparecen señalados en siete de cada diez denuncias registradas por SOS Racismo durante 2025. Se trata de casos relacionados con oficinas de extranjería, registros, servicios sociales, cuerpos policiales y otras instituciones dependientes del Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos.
En total, las entidades públicas figuran como responsables de la discriminación en 370 de los 528 expedientes atendidos por la organización. Las principales denuncias están relacionadas con los trámites para obtener o renovar permisos de residencia, solicitar la nacionalidad o acceder a prestaciones y servicios públicos.
Así lo recoge el informe anual de la Federación SOS Racismo, elaborado a partir de los casos atendidos en sus Oficinas de Información, Atención y Denuncia. La organización contabilizó 136 situaciones de lo que denomina “racismo institucional”, es decir, actuaciones o procedimientos de organismos públicos que provocan un trato desigual hacia una persona por su origen.
A continuación aparecen las 121 denuncias por denegación de acceso a servicios públicos. Entre ambas categorías suman 257 casos, prácticamente la mitad de todos los incidentes recogidos durante el año.
Agresiones y discriminación laboral
El informe también documenta 76 conflictos y agresiones racistas, 75 casos relacionados con actuaciones policiales, 56 denegaciones de acceso a servicios privados y 37 situaciones de discriminación laboral.
A estos expedientes se añaden cinco vinculados con la seguridad privada y cuatro relacionados con la extrema derecha y el discurso de odio.
SOS Racismo atendió un total de 840 consultas durante 2025, aunque solo 528 terminaron convirtiéndose en expedientes que requirieron una intervención de sus profesionales. Por este motivo, la federación considera que las denuncias recopiladas reflejan únicamente una parte de la discriminación existente.
Qué es el “racismo institucional”
La organización emplea el término “racismo institucional” para describir los casos en los que un organismo público trata de manera diferente o impone más obstáculos a una persona debido a su origen.
SOS Racismo diferencia estas situaciones de los problemas generales provocados por la saturación, la burocracia o el mal funcionamiento de los servicios públicos. Para que un caso se incluya en esta categoría, la entidad debe apreciar un trato desigual relacionado con el origen de la persona afectada.
“La burocracia general es un fallo de gestión; el racismo institucional opera como una quiebra de la equidad cuando el sistema utiliza sus propios procedimientos como un mecanismo invisible de control y segregación”, sostiene el documento.
Extranjería y nacionalidad
El 86% de los expedientes clasificados como “racismo institucional” estaba relacionado con trámites de extranjería y nacionalidad. En concreto, estos procedimientos originaron 117 de los 136 casos incluidos en esta categoría.
Entre las situaciones documentadas figuran familias a las que se solicitaron requisitos no contemplados en la normativa para inscribir a un recién nacido. También se recogen casos de personas cuyos trámites de extranjería o nacionalidad quedaron paralizados por criterios administrativos que posteriormente fueron corregidos tras la intervención de SOS Racismo.
Los organismos públicos aparecen en 370 expedientes, muy por delante de los particulares, señalados en 91 casos, y de las empresas y entidades privadas, presentes en otros 50.
El perfil de quienes denuncian
El 57% de las personas que acudieron a las oficinas de SOS Racismo fueron hombres, frente a un 41% de mujeres. La población magrebí concentró el mayor porcentaje de denuncias, con un 41% del total, seguida de las personas procedentes de América del Sur, que representaron el 33%.
El informe, de 92 páginas, también analiza los disturbios racistas registrados en Torre Pacheco en 2025 y los compara con los acontecimientos ocurridos en El Ejido en el año 2000. Además, estudia el papel de las plataformas digitales en la difusión de mensajes de odio.
La autora de este apartado, Elena Stati, advierte de que los episodios de violencia racista “no son una cuestión puntual”. Según explica, constituyen la manifestación más visible de un problema que también aparece diariamente en forma de obstáculos administrativos, dificultades para ejercer derechos y otras discriminaciones menos evidentes, pero con consecuencias directas para quienes las sufren.