Seis personas a juicio en Oviedo por obligar a mujeres a prostituirse y blanqueo de capitales

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Seis personas serán juzgadas este jueves 5 de noviembre en Oviedo por diferentes delitos, incluidos la prostitución coactiva, contra la salud pública y blanqueo de capitales. El juicio tendrá lugar en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a partir de las 10.00 horas.

Los principales acusados son una pareja que desde julio de 2019 se dedicaban, en pisos que alquilaban en las localidades de Mieres, Oviedo, León y Badajoz, a explotar y lucrarse del ejercicio de la prostitución de mujeres, principalmente de procedencia sudamericana, que se habían ido de su país de origen debido a su situación de precariedad económica en búsqueda de un futuro mejor, según el escrito fiscal.

Para el hombre, se solicita 23 años de prisión por los delitos contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva, maltrato de obra, lucro con la prostitución ajena, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Otros 23 años se solicitan para su pareja. Además hay otros cuatro acusados que serán acusados por diferentes delitos.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, las chicas eran sometidas a condiciones de trabajo que aceptaban por su situación y la necesidad de obtener medios de vida, circunstancias que eran aprovechadas por los acusados en su propio beneficio. Así, debían estar disponibles las 24 horas del día, pudiendo salir de las viviendas, en las que trabajaban y residían, por un período de 45 minutos al día, teniendo un período de estancia mínimo de 3 semanas.

Las mujeres habrían sido obligadas a realizar servicios con numerosos clientes seguidos, sin tiempo para descansar, lo que las llevaba al agotamiento. Del mismo modo no podían alegar enfermedad o cansancio o estar con el período para negarse a prestar servicios.

Algunos de los servicios eran realizados en los domicilios particulares de los clientes, encargándose el acusado 1 de trasladar personalmente a las mujeres a los mismos. Las mujeres debían igualmente facilitar, a los clientes que lo solicitaran, estupefacientes (cocaína) y viagra, sustancias que les entregaban los acusados.

El desarrollo de los servicios por parte de las mujeres era objeto de un férreo control por parte de los investigados, que disponían de cámaras de video vigilancia en los pisos, cuyas imágenes eran observadas a través de teléfonos móviles. A fin de lograr su objetivo y la consecución de clientes, los acusados publicaban anuncios de las mujeres ofertando sus servicios en páginas de contactos. Ninguna de las víctimas tenía contrato de trabajo ni estaba dada de alta en la Seguridad Social. Igualmente mantuvieron trabajando a varias chicas durante el período de cierre debido a la pandemia de COVID-19, pese a las restricciones y prohibiciones existentes en la época y con el peligro para su salud.