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La Mesa del Turismo de España reclama un plan de seguridad e inversión para renovar la alta velocidad tras el accidente de Urda (Toledo). Su presidente, Carlos Garrido, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que el siniestro ha tenido un efecto "muy negativo" en la percepción del país en el exterior y ha pedido un "gran esfuerzo conjunto" de las administraciones y las empresas para recuperar la confianza de los viajeros.
Garrido ha recordado que 15 de las víctimas mortales eran extranjeras, un dato que, a su juicio, refleja hasta qué punto el tren se había convertido en un medio habitual para los turistas que visitan varias ciudades. Su preocupación se centra en quienes llegan de Asia, Norteamérica y Latinoamérica, ya que suelen planear estancias más largas, con varias etapas. Para saber si esa pérdida de confianza se traduce en menos viajes, ha precisado, habrá que esperar a las cifras anuales de contratación de los operadores turísticos.
Qué supondría un cierre prolongado de la línea Madrid-Barcelona
El presidente de la Mesa del Turismo también ha calificado de "crítica" la posibilidad de que la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tenga que interrumpir el servicio durante un periodo prolongado para acometer obras. Según sus cifras, el corredor cuenta con más de 60 frecuencias diarias y 14,4 millones de viajeros al año, cerca de un tercio del total de la alta velocidad en el Estado.
Un eventual cierre afectaría especialmente a los viajes de negocios y a los congresos, con consecuencias para hoteles, restaurantes, comercios y taxis de ambas ciudades. Garrido considera que el avión no podría absorber por sí solo esa demanda y pide prever alternativas por aire y por carretera ante futuras interrupciones.
Un pacto de Estado para el turismo
"Anteponiendo siempre la seguridad, es imprescindible acometer la renovación del sistema de alta velocidad para que vuelva a ser el modelo admirado del que nos sentíamos orgullosos", ha afirmado Garrido. El presidente de la Mesa del Turismo reclama un pacto de Estado que permita a las administraciones y al sector privado planificar juntos las inversiones y la respuesta a las incidencias en corredores como los que conectan con Andalucía y Catalunya.