Sánchez redobla un diálogo presupuestario marcado por el IMV y la mesa catalana

Llega el momento de remangarse. El Gobierno español se propone intensificar el diálogo con los partidos sobre los Presupuestos a partir de esta semana. Pedro Sánchez pretende aprobar el proyecto en Consejo de Ministros a finales de este mes o principios de octubre, y su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convertido oficialmente en la voz del presidente, tiene previsto llevar a cabo una ronda de contactos a partir de mañana martes con los grupos para profundizar en las conversaciones que ya se han mantenido de manera exploratoria con formaciones como el PNV. Esta ronda es la que Bolaños había apalabrado antes del verano y tendrá en agenda otros debates, como la por ahora inverosímil renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno español ha trasladado estos meses su intención de aprobar los Presupuestos en el Congreso de los Diputados con los apoyos de sus socios de investidura, PNV y ERC, y los primeros movimientos incipientes parecen confirmar esta línea de actuación. En concreto, el Gobierno español ha reactivado el diálogo sobre las transferencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y ha dado señales de que quiere empezar a resolver en octubre el bloqueo en el Ingreso Mínimo Vital. También ha reunido la comisión bilateral con Catalunya y la mesa de diálogo que está llamada a abordar el conflicto político. El comodín de Ciudadanos está descartado. La formación de Inés Arrimadas, con un discurso centralista y que cuestiona la singularidad foral, ya no comparte su camino con el PSOE tras el insólito episodio de la moción de censura fallida en Murcia y su posterior proceso de descomposición interna.

Sánchez aspira a amarrar los apoyos de PNV y ERC, y el resultado de la mesa catalana parece haber insuflado cierto optimismo en el presidente español, no tanto por su resultado (de hecho, no hubo avances concretos), sino por el tono del president Aragonès y porque a Moncloa le da seguridad que el jefe del Govern haya marcado terreno de manera clara ante las presiones de Junts y porque haya rechazado que dos indultados estuvieran en la mesa.

Viendo los precedentes, también podrían sumarse a las Cuentas grupos de la izquierda y otras bancadas que se han mostrado dispuestas a darle apoyo, como EH Bildu. Aunque la mayoría absoluta se sitúa en los 176 votos, el Gobierno español especula con tener al alcance de la mano los 188 votos de las Cuentas de 2021, si bien ninguno de los grupos afectados ha confirmado que estas previsiones estén fundadas y el PNV ya avisó de que queda un buen trecho. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, mantuvo una primera toma de contacto el 30 de agosto en Madrid.

De manera más específica, en el caso vasco, el Gobierno español se ha comprometido a enviar en octubre una nueva propuesta sobre el Ingreso Mínimo Vital. Tras haber recibido un primer documento inasumible, la consejera Olatz Garamendi lleva cuatro meses esperando una oferta que recoja el traspaso completo, sin tutelas de la Seguridad Social a la hora de autorizar o realizar el pago de esta ayuda a los ciudadanos. En la reunión que mantuvieron ambas el viernes, la ministra Isabel Rodríguez se comprometió a enviar una oferta sobre este traspaso y sobre las líneas de tren de cercanías en octubre, con el objetivo de formalizar un acuerdo antes de que acabe el año en la Comisión Mixta de Transferencias. Parece que, de manera inevitable, esta cuestión va a influir en las Cuentas. El PNV ha reclamado como cláusula de confianza a Sánchez para poder entrar en la negociación de los Presupuestos que cumpla los compromisos adquiridos previamente, y se da la circunstancia de que el diálogo sobre las Cuentas se va a solapar con la recepción de la propuesta sobre el IMV, un asunto que tendría que haberse resuelto el 31 de octubre de 2020.

Si Garamendi recibiera una oferta inasumible y el ministro Escrivá se empeñara en mantener la tutela de la Seguridad Social, al PNV se le complicaría su apuesta por facilitar los Presupuestos. Los jeltzales apuestan por la estabilidad y no quieren entrar en una vorágine que provoque una repetición electoral, pero tampoco parece sencillo para ellos asumir nuevos compromisos sin garantizar siquiera que lo pactado anteriormente se cumple. Supondría poner en cuestión su reconocida capacidad de influencia. De ahí que Andoni Ortuzar haya presionado en público para reactivar los traspasos, cerrar el IMV y, en otro ámbito de gestión, ha exigido que se firme la licitación de las obras del soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada a Bilbao y Gasteiz. El PNV exige cumplir lo pactado y completar las transferencias del Estatuto. Insiste en que no pide la luna.

El descontento de los jeltzales es patente tras décadas de retrasos en las transferencias, pero también de vulneraciones del autogobierno ya transferido, ya sea por la legislación básica del Estado o por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Estos días, el debate sobre el papel de la justicia en el autogobierno o el arraigo de los jueces en Euskadi ha tenido mucho eco en el PNV.

Si se desbloqueara la negociación cumpliendo las cláusulas de confianza de los jeltzales, el PNV entraría ya en harina con los números y pondría el foco en la gestión de los fondos europeos. Es el as en la manga que la ministra de Hacienda cree que tiene con todos los grupos. María Jesús Montero prevé que el año que viene lleguen 25.622 millones de Europa (se añaden 733 de otros fondos), pero la gestión de este dinero queda vinculada a la aprobación de las Cuentas. Con este señuelo y con el techo de gasto (que ha marcado un nuevo récord, con 196.142 millones), el Gobierno de Sánchez aspira a que los apoyos se consigan con mayor facilidad.

choques

En Catalunya, Sánchez ha tratado de llevar la mesa de diálogo al campo de las inversiones (sobre todo, tras el fiasco de El Prat) o las transferencias. El Govern no quiere abordarlo en una mesa pensada para el conflicto político, pero sí podría servir para darle un enganche y negociar los Presupuestos, donde tampoco entrará en juego una reforma del delito de sedición, que no llegará este año. El PSOE tiene que resolver también las tensiones con sus socios en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, en asuntos como el precio del alquiler o el salario mínimo y la luz.

Bolaños arrancará mañana martes su ronda sobre los Presupuestos, pero también buscará un acercamiento al PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La primera reunión será, de hecho, con la popular Cuca Gamarra y, en las agendas que todavía seguían cerrándose en las últimas horas, está previsto que las reuniones se produzcan de mayor a menor representación. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, confirmó que se reunirá con Bolaños y apostó en Radio Euskadi por una actitud "responsable y dialogante", pero pidió "avanzar mucho" en "lo social, derechos nacionales y la construcción de la paz y la convivencia".

Votos. En los cálculos que se han filtrado desde el Gobierno español, se pone el acento en que este año quizás podrían repetirse los 188 votos que ya permitieron a Sánchez aprobar las Cuentas de 2021, aunque no tiene nada cerrado. Eran los votos de Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra votaron el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG.