PSOE y PP se acusan mutuamente de estar detrás del espionaje a Aragonès con Pegasus

PSOE y PP se han acusado mutuamente este viernes de estar detrás del espionaje a Aragonès con Pegasus. Así, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que considera que el Estado de derecho funcionó con normalidad en el caso de las escuchas telefónicas al actual presidente catalán y ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenía conocimiento de las mismas porque eran operaciones anteriores a su llegada a La Moncloa.

Sostiene además, en la misma línea que indicaron en la víspera fuentes de Moncloa, que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen por qué informar al Gobierno sobre estas actividades.

"Ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía", ha explicado.

Por tanto ha querido dejar claro que el Gobierno "en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento, ni había autorizado", porque eran operaciones "que venían de antes".

Finalmente ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez respeta el Estado de Derecho y no ejerce ninguna presión ni injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones "a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores", ha apuntado.

Por su parte, desde el PP han dicho que fue el propio Pedro Sánchez quien ordenó investigar al presidente de la Generalitat por los delitos que ahora quiere amnistiar a cambio del respaldo de ERC, al tiempo que ha salido en defensa de las acciones llevadas a cabo por el CNI.

Fuentes populares han defendido que Sánchez "no puede alegar ignorancia" en relación con la investigación llevada a cabo por el CNI respecto a Aragonès ante la sospecha de que era él quien comandaba los Comités de Defensa de la República (CDR), puesto que como presidente le corresponde autorizar los objetivos anuales de la central de inteligencia.

Además, recuerdan las fuentes, en la Directiva de Seguridad de marzo de 2019 "señaló como objetivo la lucha contra aquellos que tengan voluntad y capacidad de subvertir el orden constitucional".

"Sánchez consideraba a ERC un partido peligroso para la integridad territorial y autorizó que fuera investigado", ha subrayado el PP, que ha llamado la atención sobre el hecho de que al mismo tiempo "se sentaba con sus dirigentes en una mesa de diálogo bilateral para proteger su mandato" aunque ello fuera "a costa de desproteger" España.

En opinión de los 'populares', las amenazas que planteaba el desafío independentista en 2019 "son las mismas que existen hoy" habida cuenta de que "los que convocaron un referéndum ilegal dicen que lo volverán a hacer y el Estado está más desprotegido por la eliminación del delito de sedición".

En este sentido, las fuentes han lamentado que "el presidente del Gobierno pasa de investigar a partidos para prevenir delitos a eliminarlos para pactar con formaciones políticas investigadas por indicación suya", tras recordar que son precisamente las actuaciones realizadas por los CDR que llevaron a investigar a ERC las que ahora serán amnistiadas en la ley que se aprobará la próxima semana, "sin la que Sánchez no sería presidente".

Por otra parte, el PP también ha denunciado que el Gobierno cesó a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, quien precisamente declara este viernes en relación con el espionaje a Aragonès con el software Pegasus, "por exigencia del ERC" y que el Gobierno ve en el Tribunal Constitucional "un enemigo del Estado y una institución a combatir y enmendar".

En opinión de los de Alberto Núñez Feijóo, si ERC sigue respaldando a Sánchez pese a estar al tanto de las escuchas es porque "le conviene seguir teniendo un presidente dócil" y "habituado a la extorsión".

Así las cosas, tras denunciar que el Gobierno "se pone de perfil ante asuntos acontecidos" con Sánchez ya en el Palacio de la Moncloa, el PP ha dejado claro su respaldo a "cualquier actuación desarrollada por la Inteligencia española". "Confiamos en el criterio de los profesionales que las impulsan y del tribunal que las sustenta", ha remarcado las citadas fuentes.